Así figura en la propuesta de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. Es un documento en el que han trabajado durante semanas un grupo de expertos reunidos por el Instituto Nacional de Administración Pública, que ha pedido la colaboración de la FEMP y de otras instituciones territoriales. El documento es la base además de la negociación abierta con el PSOE para acordar un proyecto de reforma común que el Ejecutivo quiere enviar al Parlamento en julio.
En el texto se propone una lista de competencias de los municipios (artículo 25) de la que desaparecen la participación en la gestión de la atención primaria sanitaria y la cooperación en la programación educativa, en la construcción y sostenimiento de centros de enseñanza y en el cumplimiento de la escolaridad obligatoria.
Por lo demás, se respetan las competencias que la norma ya preveía, en catorce apartados: urbanismo, medio ambiente urbano, el agua y las aguas residuales, infraestructuras viarias, bienestar y asistencia social primaria; protección civil, policía local e incendios; tráfico, estacionamiento y transporte de viajeros y mercancías; promoción turística; ferias, abastos, mercados y lonjas; protección de consumidores; cementerios y actividades funerarias; promoción del deporte y padrón municipal.
"Para evitar duplicidades administrativas", se dice en la iniciativa, se establecerá por ley "con precisión" el servicio o la actividad que le corresponde al municipio, "con estricta separación de las competencias estatales y autonómicas".
Además, se propone reformar el artículo 27 para que los ayuntamientos puedan ejercer alguna competencia delegada por otra administración, bien sea el Estado, la Comunidad Autónoma u otra entidad local. Sin embargo, esa delegación "habrá de ir acompañada necesariamente de la correspondiente financiación".
En la misma línea de ajustar los servicios que en lo sucesivo van a prestar los municipios, la propuesta del Gobierno incluye la supresión del artículo 28 de la Ley de Bases. En él, se contemplaba que los ayuntamientos pudieran realizar "actividades complementarias de las propias de otras administraciones" en materias como educación, cultural, promoción de la mujer, vivienda, sanidad y protección del medio ambiente.