Así lo expone este departamento, que encabeza el convergente Felip Puig, en respuesta a una pregunta parlamentaria por escrito del PP catalán, recogida por Europa Press.
La Generalitat no aclara en la respuesta el número de multas se impusieron por no rotular en lengua catalana, y se escuda en que la base de datos relativa a las vulneraciones de los derechos lingüísticos no diferencia los "motivos o idiomas" por los que se impusieron las sanciones.
El Govern pone este tipo de multas por la vulneración del artículo 28 del Código de Consumo, que establece que las personas tiene derecho a ser atendidas "oralmente y por escrito en la lengua oficial que escojan".
El consejero de Empresa y Empleo, Felip Puig, defendió recientemente en el Parlament la legalidad de las multas lingüísticas y argumentó que "todos los países tienen normas de protección de los derechos lingüísticos".