Así se ha pronunciado después de que el diario El País haya publicado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid mantiene desde 2011 un pacto con la firma tecnológica Indra para que esta multinacional pague retribuciones periódicas, establecidas por contrato, a jueces, fiscales, secretarios y funcionarios judiciales a cambio del asesoramiento que estos prestan en el desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas que permitan agilizar la justicia madrileña.
Al hilo de esta información, el promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, ha incoado de oficio una información previa para averiguar si el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Vieira, y otros jueces incurrieron en incompatibilidad al recibir una compensación económica por el desarrollo de una herramienta informática en Decanatos y Órganos Judiciales que se puso en marcha en 2010.
Desde el Gobierno no se ha querido entrar en más valoraciones y se ha remitido a la decisión del CGPJ. "Hemos visto que van a investigar y me parece bien que se haga", ha manifestado el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, para añadir que era una información periodística y que no disponía de más información al respecto.