Según informa el Gobierno, el inmueble ha sido tasado y valorado en 90,2 millones de euros y, en consecuencia, dado que su valor excede los 20 millones, la enajenación requiere autorización del Consejo de Ministros.
Este inmueble había sido previamente desafectado del fin público y se pone a disposición del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa para su posterior venta.
Este organismo procedió a la depuración física y jurídica de la finca y a su ofrecimiento al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el cual no consideró la finca de interés para otros servicios de la Administración General del Estado.