El Gobierno defiende la reducción de la escolta a Garzón alegando que el recorte para los jueces ha sido del 90%

EUROPA PRESS 28/09/2012 16:30

El Ejecutivo se explica así en una respuesta parlamentaria después de que el PSOE le preguntase acerca de las declaraciones del secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, que en una entrevista con Europa Press había señalado que "los escoltas no son ni para que te lleven la maleta ni para que vayan en transporte público" y advertía de que si el ex juez incumplía sus compromisos como protegido, habría "que hacer una reevaluación y plantear si se le puede privar de la escolta como consecuencia de un mal uso".

Fue el propio Garzón --ahora jefe del equipo legal del fundador de Wikileaks, Julian Assange-- quien tras esa reducción y la retirada del coche oficial denunció que, mientras él se desplazaba en su vehículo privado, su escolta tenía que moverse en transporte público cargando su propio equipaje. Ulloa explicó que el ex juez cuenta con "un escolta en dos turnos" ya que "sigue siendo una persona que podría tener un riesgo aunque sea mínimo, no con respecto a las personas que él pudiera pensar, los terroristas, sino con respecto a la ciudadanía".

Después Garzón respondió a través de las páginas del diario 'El País' haciendo a Ulloa responsable de su seguridad y dándole la "enhorabuena" de forma sarcástica "por facilitar el trabajo" a quien quisiera buscarle".

En respuesta a la demanda de explicaciones por parte del PSOE, el Gobierno acaba de responder que esta reducción para Garzón se enmarca en el plan general de recorte de escoltas y recuerda: "En el colectivo de jueces y magistrados la reducción de escoltas ha supuesto la recuperación del 89,15 por ciento de los efectivos policiales dedicados hasta entonces a esa tarea".

Además, en un escrito recogido por Europa Press, cita los criterios tenidos en cuenta en el citado plan de reducción y defiende que "el Plan de reducción partió de un estudio pormenorizado de los servicios de protección establecidos y, mediante un análisis de riesgos individualizado, basado en criterios objetivos, definió las personas que deben ser protegidas y la entidad de los dispositivos de protección a mantener".