El Gabinete presidido por Iñigo Urkullu ha respondido, de esta forma, a la decisión adoptada este viernes en el Consejo de Ministros de impugnar ante el Tribunal Constitucional la Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia de motivación política en el País Vasco entre 1978 y 1999.
En un comunicado, el Gobierno vasco ha expresado "su profunda decepción" porque "este recurso se desentiende de la obligación que tenemos los poderes públicos de dar respuesta a los derechos que corresponden a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos". "Es decepcionante porque contraviene el mandato del derecho internacional de los derechos humanos y de los derechos de las víctimas", ha insistido.
Además, ha manifestado su "compromiso firme con el reconocimiento y reparación de todas las víctimas de vulneraciones de derechos humanos" porque "constituye un principio de contenido ético, institucional, democrático y de humanidad". "Este compromiso es, además, una pieza fundamental para el objetivo de una convivencia normalizada y basada en una memoria crítica del pasado", ha destacado.
SEGURIDAD JURÍDICA
El Ejecutivo de Urkullu no ha realizado, por el momento, una valoración más detallada hasta conocer los contenidos precisos del recurso. No obstante, ha afirmado, "con toda rotundidad, la plena seguridad jurídica de todo el articulado de la Ley 12/2016, tal como ya han corroborado expertos juristas del más amplio y plural espectro en el ámbito vasco, estatal e internacional".
"El Gobierno vasco va a seguir trabajando intensamente, tanto para defender la plena legalidad y viabilidad de esta Ley, como para ofrecer reparación a aquellas víctimas de vulneraciones de derechos humanos que no hayan recibido el debido reconocimiento. Todo ello, por principio ético y por compromiso con una convivencia normalizada", ha concluido.