La protección de personas pertenecientes a colectivos amenazados se ha realizado, por parte del Ministerio y del Departamento de Interior, fundamentalmente a través de la contratación de personal de seguridad privada, lo que ha requerido, en el caso de la Administración vasca, de la aprobación de sucesivos expedientes de contratación, desde el año 2001 hasta la actualidad, para poder costear los servicios de los escoltas adscritos a dichas empresas, ha indicado el Gobierno vasco.
El expediente actualmente en vigor fue aprobado para un periodo de dieciocho meses, que han expirado en mayo del presente año. Por ello, y dado que aún persisten de manera parcial los motivos que originaron su puesta en marcha, el Gobierno ha aprobado este martes la prórroga del mismo hasta el 31 de diciembre de este año, fecha en la cual se podría proceder a una nueva adjudicación.