El Gobierno cifra en 18.000 millones de euros el ahorro público logrado con la reforma de las administraciones públicas desde el inicio de la legislatura entre el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, y en otros 1.700 millones el ahorro de empresas y particulares, al evitarse trámites y acortarse plazos.
Así lo ha explicado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, tras el Consejo de Ministros de este viernes, en el que el Gobierno ha aprobado dos anteproyectos para cambiar el funcionamiento interno de las administraciones y su relación con los ciudadanos, a través de las leyes de régimen jurídico y de procedimiento administrativo. Según ha dicho, servirán para apuntalar las reformas emprendidas.
La vicepresidenta ha subrayado que están totalmente implantadas o en fase final el 85 por ciento de las medidas aprobadas por la Comisión para la reforma de las administraciones (CORA). Entre otras cosas, se han suprimido 2.029 entidades instrumentales de todo el país: 675 de las comunidades (llegarán a ser 790, un 33,3 por ciento menos), 1.244 de las entidades locales y el resto, del Estado.
La vicepresidenta ha defendido el esfuerzo de todas las administraciones y ha explicado que esos 18.187 millones de ahorro son una cifra "pareja" a los 16.000 de deuda sanitaria que el Gobierno actual "se encontró" y ha tenido que afrontar. "Fíjense si ha sido útil la reforma", ha dicho.
Por administraciones, la vicepresidenta ha precisado que el ahorro generado en el Estado y su sector público alcanza los 4.773 millones; en las comunidades autónomas suma 10.510 millones y en las entidades locales, 2.904 millones.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha explicado que los ahorros corresponden al funcionamiento ordinario de las administraciones, a la ejecución presupuestaria, a la limitación del gasto corriente al aplicar las reformas.
ADMINISTRACIÓN SIN PAPEL
Montoro ha asegurado que las dos reformas de ley que empiezan a andar tienen como objetivo mejorar el funcionamiento interno de la administración y su relación con los ciudadanos.
Entre otras cosas, el Gobierno impulsará el uso de las nuevas tecnologías, que será obligatorio en la relación entre administraciones y entre estas y las empresas, mientras que será prioritario en los trámites con los ciudadanos. Para los que quieran el método tradicional, seguirá habiendo funcionarios que les atiendan.
"Queremos llegar completamente a la administración electrónica, en la que desaparecerá el papel y que estará totalmente interconectada. Tiene ventajas grandes para los ciudadanos, que pueden realizar sus gestiones en cualquier momento y con independencia del organismo al que se dirijan", ha dicho.
Para ello, se va a simplificar la identificación de los ciudadanos y el sistema de firma electrónica y será la administración la que busque ciopias de documentos ya registrados electrónicamente.
CONFERENCIAS DE PRESIDENTES
Cristóbal Montoro ha explicado que se va a aprovechar estas reformas para introducir en un texto legal la existencia de las conferencias de presidentes, las reuniones entre el presidente del Gobierno y los autonómicos en las que se ponen en común distintos asuntos que les atañen a todos y que creó el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
El objetivo es dotarlas de un marco normativo, ha dicho, pero no se regula su convocatoria. La primera reunión tuvo lugar en 2004 y se ha organizado en cuatro ocasiones más: 2005, 2007, 2009 y 2012.