En esta última remesa, el Ejecutivo rechaza que se tramiten tres iniciativas del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) y una enviada des la Junta General del Principado de Asturias.
Por un lado, el Gobierno veta la proposición de ley del PDeCAT para cuadruplicar la cuantía de la prestación por hijo a cargo y elevar al doble los ingresos máximos con los que se puede acceder a esta ayuda, al suponer un aumento de gasto cuantificable en 6.102 millones de euros.
Tampoco acepta que se tramite otra del PDeCAT para vel fomento del vehículo eléctrico al considerar que el plan de ayudas a la compra costarñía 3,5 millnes al año y a la vez el Estado dejaría de ingresar otros 3,1 millones por subvenciones al peaje de acceso y la exención del impuesto de energía eléctrica.
La tercera iniciativa del PDeCAT vetada se refiere a la supresión de tasas judiciales para ONG's, ya que el Gobierno argumenta que supondría una pérdida de recaudación aproximada de unos 15 millones de euros.
Todos los vetos se basan en el precepto constitucional que da al Gobierno derecho de veto a aquellas iniciativas legislativas o enmiendas que considere que alteren los presupuestos en curso, sea por suponer aumento de gasto o una disminución de ingresos.
Estos cuatro nuevos escritos de disconformidad se estudiarán en la próxima reunión de la Mesa del Congreso. Hasta el momento, el órgano de gobierno de la Cámara Baja sólo ha desoído dos de estos 34 vetos, los relativos a la paralización de la LOMCE y la equiparación de condiciones laborales de los trabajadores de subcontratas, y ambas proposiciones de ley fueron recurridas por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional.