Además, según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se ampliará el número de altos cargos cuya actividad estará sometida a un "control reforzado" y cualquier movimiento "llamativo" en las cuentas corrientes que controlen estas personas con responsabilidad pública será comunicado.
El Gobierno busca igualmente aclarar y unificar toda la normativa que existe relativa a los cargos públicos, que es dispersa, que lleva "muchas veces" a los ciudadanos a pensar que estos cargos tienen "una serie de derechos que no son tales".
El paquete de medidas aprobado por el Gobierno incluye también la reforma del Código Penal, para endurecer la respuesta de la ley contra los corruptos.