El Gobierno y la formación liderada por Pablo Iglesias se han comprometido a trabajar sobre la base del texto de modificación que presentó el PNV al respecto de la Ley de Seguridad Ciudadana, cuya reforma ya se está tramitando en el Congreso.
Lejos de la derogación completa, revertirán los artículos de la denominada ‘ley mordaza’ del PP que consideran que tenían por objetivo “desalentar la protesta social” y “limitar los derechos a la libertad de expresión de reunión”.
A este respecto, PSOE y Unidos Podemos han acordado comprometerse a que la ausencia de comunicación previa deje de ser un obstáculo para las concentraciones, siempre y cuando éstas se desarrollen pacíficamente.
NO MÁS DE DOS HORAS RETENIDOS EN COMISARÍA
Así mismo, y en esta línea, establecen que la actuación policial deberá tener como guía “la dignidad de la persona y los derechos humanos”, y los agentes deberán llevar siempre una identificación “claramente visible”. Del mismo modo, señalan que el registro corporal solo se aplicará en casos de “indicios concretos y comprobables” y con prohibición expresa del desnudo total o parcial del sujeto. Más allá, se apunta a que solo pueda estar retenido un máximo de dos horas.
A este respecto, el documento pactado contempla también ajustar la cuantía de las sanciones económicas y su aplicación al criterio de capacidad económica del individuo castigado, revisando “en profundidad” los tipos de infracción con base en la garantía del derecho de manifestación y de la libertad de expresión, e "introducir el paradigma restaurativo en el ámbito de estas infracciones administrativas y en todos los tipos de la ley que lo permitan".
REVISAR EL CÓDIGO PENAL
En la misma línea, de acuerdo a lo pactado se apuesta por revisar el Código Penal para eliminar lo que consideran "hiperregulacion" de algunas conductas, y concretamente citan el artículo 315 del Código Penal, que pesa contra los piquetes informativos en las huelgas.
Según se apunta en el acuerdo, recogido por Europa Press, "es recomendable restringir al máximo" la posibilidad de que manifestaciones ofensivas puedan ser perseguibles penalmente, y por ello se apuesta por modificar los artículos del Código Penal que hacen alusión a los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias a la Corona".
"La democracia española es una democracia madura, que demanda poder discutir y cuestionar libremente lo que estime conveniente dentro del marco constitucional y del Derecho internacional”, sostienen. “Es imprescindible que exista debate público, a través de la discusión libre de diferentes ideas y opiniones, sobre todo de las más minoritarias e incluso excepcionales, basadas en diferentes ideologías y concepciones sobre la vida".
NO HAY MENCIÓN A LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE
En el acuerdo no hay mención a la prisión permanente revisable que estableció el PP y que los socialistas llevaron ante el Tribunal Constitucional al considerarla una "cadena perpetua", y sobre Justicia Universal ambas partes se quedan a expensas del informe encargado por el Ministerio de Justicia a una comisión de expertos.