La totalidad de los impuestos (que serán diferentes para cada modalidad de juego) que se recauden por el juego se destinarán a las comunidades autónomas, ha subrayado hoy el Ejecutivo tras aprobar el texto, que iniciará ahora su tramitación parlamentaria.
El texto del Gobierno constata los cambios que se han producido desde que en 1977 se despenalizara el juego en España, sobre todo debido a la irrupción de las comunicaciones electrónicas y a la utilización de los servicios de juego a través de internet, y pretende dar respuesta a la aparición de nuevos operadores en el mercado del juego que no están regulados por la ley vigente hasta ahora.
Incide además el texto en la necesidad de establecer nuevos mecanismos de regulación que ofrezcan seguridad jurídica a los operadores y a los consumidores, y de proteger a los menores de edad y a las personas (unas 40.000 en España) que han pedido voluntariamente que no se les permita acceder al juego para prevenir situaciones de ludopatía.
La ley reserva en exclusiva el juego de loterías de ámbito estatal a Loterías y Apuestas del Estado -que se va a transformar en Sociedad Estatal y que se va a privatizar en un 30 por ciento- y a la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE).
El Gobierno ha previsto en la nueva ley que la Comisión Nacional del Juego será la que vigile la seguridad, la fiabilidad y la transparencia de todas las operaciones del juego, además de ser el órgano que se encargará de conceder las licencias.
Además, la Conferencia Sectorial del Juego será el órgano de cooperación, coordinación y participación de las comunidades autónomas.
El texto que el Gobierno ha enviado al Congreso prevé que todas las actividades de publicidad, patrocinio o promoción de las empresas que prestan estos servicios deben contar con autorización previa de la Comisión Nacional del Juego.
Las sanciones económicas previstas en el proyecto de ley oscilan entre 100.000 euros para las leves hasta los 50 millones para las "muy graves", entre las que figura ofrecer juegos sin tener licencia para ello o manipular los sistemas técnicos que se hubieran homologado para obtener los premios.
La decisión del Gobierno de ceder íntegramente el nuevo impuesto a las comunidades autónomas ha motivado ya algunas reacciones; entre éstas, la de la Comunidad de Madrid, que ha cuestionado que éste vaya a contribuir a mejorar la financiación autonómica.
La Comunidad de Madrid ha hecho pública una nota en la que advierte que el Gobierno central no ha aclarado si descontará después el importe cedido a las comunidades del Fondo de Suficiencia, lo que beneficiaría, según el Ejecutivo regional, al Estado pero no a las autonomías.
Según la Comunidad de Madrid, esta "instrumentación" de las regiones ya tiene precedentes en las recientes subidas del IVA y los Impuestos Especiales, que han sido detraídas del fondo de suficiencia global de las Comunidades Autónomas, de forma que las regiones no se han beneficiado de los incrementos de esos impuestos.
Desde el sector de juego privado se ha rechazado el régimen fiscal previsto en la nueva Ley, ya que supone aplicar los impuestos a los ingresos brutos por esta actividad económica, no sobre las ganancias reales de los operadores.
Fuentes del sector consultadas por Efe han criticado también que se instauren tantos tipos impositivos, uno por modalidad de juego.
Advierten, además, de que la propuesta del Gobierno supone una ruptura del equilibrio entre juego público y privado, pues Loterías y Apuestas del Estado (LAE) tendrá posibilidad, aseguran, de actuar en los dos ámbitos.
Aparte, echan en falta medidas correctoras para los operadores en internet que han venido actuando ilegalmente, con el fin de que los nuevos no comiencen en condiciones de desventaja.
La Asociación Española de Apostadores por Internet (AEDAPI) ha celebrado la aprobación del proyecto de ley, y ha confiado en que esta regulación sea beneficiosa para el Estado, para los operadores de juego por internet y para los usuarios.
La AEDAPI ha hecho pública una nota en la que señala que confía en que en que el Gobierno "haya tomado la decisión acertada y propuesto una regulación competitiva y coherente".