Así se ha pronunciado la portavoz del Ejecutivo balear, Núria Riera, preguntada por el hecho de que UGT y Lorenzo Bravo hayan interpuesto una querella contra Bauzá, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias por haber utilizado los servicios de la Abogacía de la Comunidad Autónoma en la demanda que presentó contra Bravo por los improperios que éste profirió contra él, y que ha sido archivada tanto en primera instancia como por la Audiencia Provincial de Baleares.
"Lo importante es que el Gobierno considera que estas manifestaciones no responden al derecho de expresión, sino que atentaban al derecho al honor del presidente como presidente", ha reiterado la portavoz.