El Gobierno, que tiene el dictamen favorable del Consejo de Estado, interpreta que la ley es inconstitucional porque establece la participación de la Administración General del Estado en un órgano autonómico, el Consejo de Seguridad Pública, "lo cual se considera contrario al principio de autoorganización del Estado".
Además, entiende que el artículo 49.1 no se ajusta a lo establecido en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, donde se establece que los convenios para la prestación de servicios conjuntos de policía local se suscribirán con las condiciones determinadas por la normativa estatal.
Por otro lado, el Gobierno argumenta que los artículos 50 y 55 resultan controvertidos ya que las Comunidades Autónomas carecen de potestad reglamentaria en materia de seguridad privada con carácter general.
Además, a la Comunidad Autónoma del País Vasco le corresponde la inspección y sanción sobre aquellas empresas de seguridad que tengan su domicilio social en la propia Comunidad y su ámbito de actuación esté limitada a la misma, y no en los restantes casos, asegura el Ejecutivo.
En este mismo sentido, y en lo que se refiere a la autorización de los centros de formación, la norma impugnada se aparta de lo que a este respecto dispone la legislación estatal, añade.