El Gobierno ha rechazado transferir los 805 millones de euros que reclama la Xunta de Galicia al considerar que le corresponden conforme al sistema de financiación de las Comunidades Autónomas en una reunión mantenida este martes, en Madrid, con la consejera de Hacienda, Marta Fernández Currás.
Al término de la reunión, en la que el Gobierno central ha estado representado a nivel de directores generales, la consejera ha dicho, en declaraciones a la prensa, que no ha habido "ningún avance, ninguna transacción y ninguna propuesta" para llegar a un acuerdo.
"Ahora el Gobierno gallego pensará qué es lo que tiene que hacer", ha adelantado Fernández Currás sobre la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de presupuestos generales del Estado 2011, señalando que se trata de una decisión del Gobierno gallego "en su conjunto" y que éste tomará las "medidas pertinentes".
"Yo transmito que hoy la postura del Estado fue invitarnos a que continuemos en la vía judicial", ha agregado, al tiempo que ha explicado que el Gobierno "entiende que la vía judicial ya está abierta", después de que la Xunta haya presentado un recurso contencioso administrativo y de que otras comunidades autónomas, como Murcia, hayan presentado recursos de inconstitucionalidad.
En opinión de la consejera, "existen múltiples razones de inconstitucionalidad", y "la primera de ellas es la suficiencia financiera de las comunidades autónomas, que es básica para que puedan cumplir con su obligación de prestar los servicios públicos fundamentales a todos los ciudadanos y en las condiciones que estos se merecen".
SOLICITUD DE ANTICIPO
Según Fernández Currás, el Gobierno central ha propuesto a la Xunta que solicite un anticipo a la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, aunque "ha anticipado que la respuesta va a ser no". Por lo tanto, ha considerado que más que una invitación parece "una pérdida de tiempo añadida".
La conselleira se ha declarado "decepcionada y sorprendida" por el resultado de la reunión, que a su entender se trataba de una "comisión bilateral", aunque el Ministerio de Política Territorial la ha calificado como una "reunión técnica".
En este sentido, ha considerado que la aceptación por parte del Estado de una "comisión bilateral" requiere "voluntad negociadora" de éste, "que no se ha demostrado aquí en ningún momento". Así que, según ha señalado, la aceptación por parte del Estado ha supuesto "una pérdida de tiempo".
A juicio de la responsable gallega, el Estado ha planteado la reunión como una oportunidad de despejar las dudas interpretativas de la Xunta, "que no son tales dudas, sino un incumplimiento absoluto del sistema de financiación".
En cambio, Fernández Currás ha subrayado la "voluntad de diálogo" demostrada por la Xunta no sólo en este litigio, sino también en otros litigios de constitucionalidad, como los relacionados con el catálogo de medicamentos, la ley de cajas y la impugnación por parte del Estado de la ley de presupuestos de la comunidad autónoma.
En la misma línea, ha destacado la ausencia de secretarios de Estado en la reunión, al tiempo que ha aseverado que "esta conselleira no tiene nada más importante ni mejor que hacer que intentar hacer llegar al presupuesto de la comunidad autónoma esos 805 millones que son vitales para la Hacienda Pública gallega".
Por otro lado, y dado que los presupuestos de la comunidad autónoma incluyen 243 millones del fondo de cooperación, que se encuentran incluidos en los 805 millones, la conselleira ha dicho que la Xunta ya ha presentado y ha sido aprobado un plan de reequilibrio económico.