A propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, El Gobierno ha adoptado esta decisión en virtud del Convenio sobre traslado de personas condenadas entre los estados miembros de las Comunidades Europeas de 1987, del que forman parte tanto España como Italia, que contempla el traslado de residentes, sin el requisito de la nacionalidad.
Antonio Venere, residente en España, fue entregado y trasladado a Italia meses después de su en cumplimiento de una Orden Europea de Detención y Entrega que, posteriormente, el Tribunal Constitucional consideró improcedente porque podrían haberse lesionado derechos fundamentales. No obstante, dado que la expulsión ya estaba ejecutada, la orden de entrega no podía suspenderse y el caso se archivó.
En 2013, Venere solicitó su traslado a España para terminar de cumplir su condena alegando ser residente en nuestro país desde el año 1999 e invocando a su vinculación socio-familiar con este territorio donde reside su esposa y su hijo.