"Sólo faltaría que el Govern no pudiera reunirse con quien quiera y debatir lo que crea conveniente", ha dicho en declaraciones a los medios en los pasillos del Parlament, sobre la legalidad de un encuentro después de que el TC anulara la resolución independentista del Parlament del 9 de noviembre de 2015 e instara al Govern a no desarrollarla.
Además, ha añadido que la reunión se enmarca dentro de "la absoluta normalidad democrática" y ha reiterado que una ley o un tribunal no puede ser quien diga a un ejecutivo con quien reunirse y sobre que debatir.