El Govern ha aprobado este martes defender ante el Tribunal Constitucional (TC) "la legalidad y legitimidad" de la Conselleria de Asuntos Exteriores, que fue impugnada por el Gobierno central y suspendida parcialmente en algunas de sus competencias por el Alto Tribunal.
"Consideramos que la creación se ajusta plenamente al Estatut y a la ley de acción exterior y, por lo tanto, a las competencias de la Generalitat. Hemos hecho acción exterior de manera permanente desde 1982", ha argumentado la consellera de Presidencia, Neus Munté, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu.
La consellera ha manifestado "la firme voluntad de continuar haciendo acción exterior de acuerdo con el marco estatuario y la corrección institucional como hacen otros países del mundo", por lo que pedirá el levantamiento inmediato de la suspensión decretada por el TC.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ya afirmó el miércoles de la semana pasada que no tenía ninguna intención de rectificar la creación de esta conselleria y que Raül Romeva, su titular, seguirá al frente pese a la suspensión del TC.
Munté ha explicado que la Conselleria sigue funcionando con total normalidad y lo seguirá haciendo en el futuro: "Se está desarrollando con toda corrección. El día a día del departamento continúa siendo el que era hasta ahora".
RANGO DE CONSELLERIA
El Govern considera que el Estado no objeta que la Generalitat haga acción exterior, sino la "organización interna" de la administración catalana, es decir, que esta acción exterior haya subido hasta tener el rango de conselleria.
Munté también ha defendido la carta que Romeva envió al presidente de la Eurocámara, Martin Schulz, en la que se presentaba como 'minister' --ministro-- de Catalunya, y ha alegado que la Generalitat también tiene derecho a "la libertad de expresión".
DEFIENDE ACUDIR AL TC
En la resolución soberanista aprobada por el Parlament el 9 de noviembre y anulada por el TC, los soberanistas cargaban contra el Alto Tribunal, que veían como un organismo "deslegitimado" desde su sentencia de 2010 sobre el Estatut.
Munté ha defendido que el contenido de la resolución es compatible con seguir personándose ante el tribunal por los contenciosos con el Gobierno central, ya que ha concluido que entre las "responsabilidades" del Govern está defender sus competencias.