En un auto fechado el pasado 1 de abril, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez Basilio Miguel García se inhibe a favor de la magistrada sevillana aunque acuerda no enviar a su Juzgado la totalidad de expedientes "en tanto no se comunique a este órgano judicial que dicho Juzgado asume la competencia para la instrucción de la causa".
En su resolución, el instructor argumenta que es en la Orden de 23 de octubre de 2009, que desarrolla el decreto 335/09 de 22 de septiembre por el que se regula la ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, "donde se recogen los requisitos referentes a la concesión de dichas subvenciones, así como la previsión de que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) deberá realizar un informe de las actividades desarrolladas y la obligación de las beneficiarias de entregar en menos de tres meses desde la finalización de la actividad correspondiente una cuenta justificativa" mediante un informe auditor.
"Es precisamente esta orden la que propicia fundamentalmente el descontrol e irregularidades en que se incurre, presuntamente, por el funcionario responsable de dicho control", y del que "se aprovecharían supuestamente los empresarios investigados", pues además la orden referida "era aplicable en todo el ámbito de Andalucía", pone de manifiesto el juez.
A su juicio, es "altamente significativo que en todas las provincias andaluzas, presuntamente, se hayan reiterado las conductas investigadas, y siempre a favor de personas que estarían supuestamente relacionadas con personas o cargos afectos a la Administración y más concretamente a un signo político determinado".
"DESBARAJUSTE"
Además, "no es concebible que el supuesto descontrol y desbarajuste en la concesión de subvenciones y su posterior control económico, denunciados en el informe de la Cámara de Cuentas, fuera desconocido por los superiores jerárquicos del responsable provincial investigado, y de sus superiores en Granada".
Por ello, y a su juicio, "resulta patente que lo ocurrido en las distintas provincias andaluzas se haya podido realizar a la vista, ciencia y paciencia de quienes asumen legalmente la responsabilidad de gestionar y controlar dichas subvenciones, en su mayoría provenientes de fondos europeos, y que esta actuación o inactividad no sea investigada".
El juez opina que "la división de este supuesto fraude masivo en compartimentos estancos quizá contribuya a un mayor orden o facilidad a la hora de gestionar procesalmente la investigación judicial", pero "desnaturaliza artificialmente la realidad de lo ocurrido, pretendiendo hacer recaer en un ámbito provincial determinado un asunto que deviene de esferas de actuación u omisión más amplias".
"PECULIAR" ORDEN
Así, considera que "la competencia territorial para la investigación de los hechos de los que conoce este Juzgado corresponde a la sede de dicho núcleo de actuación, que no puede ser otra más que la del partido judicial de la sede de esas autoridades o superiores jerárquicos del investigado, a quienes legalmente correspondía dicho control último, pero también donde se cursó la comentada y peculiar Orden", que a su juicio es el Juzgado de Alaya.
El instructor también considera que la investigación judicial "deberá abarcar los actos u omisiones de todos esos superiores jerárquicos con competencias en la materia, sin que pueda explicarse convincentemente que la investigación de los hechos relativos a las supuestas defraudaciones y delitos conexos finalice en cada caso en dichos responsables provinciales, debiendo ir más allá, so pena de que se produzca una impunidad de tales supuestas conductas permisivas, instigadoras o facilitadoras, contraria radicalmente a la obligación que nos incumbe de investigarlas y juzgarlas".