Fuentes del Senado han explicado a Europa Press que la renuncia ha sido registrada esta mañana ante el Parlamento de Andalucía, el que eligió a Griñán como senador autonómico, y que la documentación ha sido remitida a la Cámara Alta.
El dirigente socialista llegó a la institución en septiembre de 2013, tras haber dimitido en agosto como presidente de la Junta y dejar el cargo en manos de Susana Díaz.
Tenía que ser sustituido o renovado como senador autonómico en las próximas semanas y podía haber permanecido en el escaño hasta entonces, puesto que no se pierde la condición de senador hasta que no llega un sustituto o se es reelegido por el parlamento de turno, en este caso, el andaluz.
De hecho, permanecen en sus puestos el resto de autonómicos elegidos como Griñán en la pasada legislatura andaluza: Javier Arenas, Catalina García Carrasco, Juan Manuel Moreno y María Rosario Soto, por el PP; Fuensanta Coves y María del Mar Moreno, por el PSOE, y José Manuel Mariscal, de IU.
Todos ellos mantendrán el escaño hasta que, en los próximos días o semanas, el Parlamento autonómico elegido el pasado 22 de marzo decida a sus representantes en el Senado.
Griñan, de 69 años, dejó la política el pasado mes de abril, así como a sus cargos, aunque no a su militancia como miembro del PSOE.
DECLARACIÓN EN EL SUPREMO
José Antonio Griñán ha mantenido su actividad parlamentaria hasta la semana pasada, en la que asistió al Pleno ordinario. Ya había dejado claro que no tenía intención de continuar en el cargo y que no quería ser un "obstáculo" para la investidura de Susana Díaz como presidenta de Andalucía, según declaró a El País.
Esta elección tuvo lugar el pasado jueves y el sábado, la dirigente socialista tomó posesión de su cargo.
El partido que ha facilitado que el PSOE siga gobernando la Junta, Ciudadanos, hizo de la dimisión de Griñán y Chaves un caballo de batalla y llegó incluso a afirmar meses atrás que votaría contra la investidura de Susana Díaz si ambos no dimitían.
Los dos expresidentes autonómicos declararon en el Tribunal Supremo el pasado mes de abril por una presunta responsabilidad en los ERE fraudulentos concedidos en Andalucía.