Lo ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha rechazado la medida cautelar pedida por la Abogacía del Estado de un plazo especial para que los padres puedan pedir el uso vehicular del castellano en proporción razonable, de cara a la preinscripción y matrícula del próximo curso.
Homs no se ha centrado en valorar en el fallo, sino en censurar que la Abogacía del Estado haya llevado de nuevo un cuestión lingüística ante los tribunales: "Fuerza la interpretación de las leyes, va en contra de la jurisprudencia y pone al servicio de un interés partidista toda la maquinaria del Estado".
En la interlocutoria, la Sala Contencioso-Administrativa del TSJC acuerda desestimar la petición de la Abogacía del Estado porque cree que esta medida cautelar no es procedente ni consta que los usuarios estuvieran desinformados en este aspecto, ni ve sentido incluir en el momento de la matrícula una opción que no considera tal.
El tribunal dice que lo que pretende la Abogacía del Estado es una oportunidad procedimental para que los usuarios puedan pedir formalmente el uso vehicular del castellano y que esta oportunidad se inserte en el proceso de preinscripción y matrícula que ahora emprende la Generalitat.
Homs cree que con estas iniciativas en los tribunales el Gobierno menosprecia la inmersión que "en términos pedagógicos ha dado unos resultados extraordinarios tanto para el catalán como para el castellano y ha hecho un contribución a favor de la cohesión social del país".