Mediante un auto fechado el 16 de abril, contra el que cabe recurso de reforma o de apelación, la magistrada Carmen Martín Montero recuerda que el pasado 24 de enero el Ministerio Fiscal solicitó el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa "al no constar en la misma indicios objetivos suficientes para proceder a la apertura de juicio oral".
Asimismo, subraya el hecho de que la representación procesal de Roque López se opuso a este sobreseimiento al considerar que existen diligencias de prueba por valorar y al no entender la celeridad con la que se solicitó el sobreseimiento.
La jueza insiste ahora en que "tal motivo no puede ser compartido", ya que dichas diligencias sí han sido practicadas, y recuerda que es "sorprendente" que se hable de celeridad cuando se trata de un procedimiento incoado hace más de siete años, con 17 tomos y más de 4.600 folios.
La magistrada insiste en que se han practicado numerosas diligencias, "sin que las mismas hayan aportado resultado positivo favorable para la acusación, ni desde la perspectiva de los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, ni desde la perspectiva del delito de falsedad en documento público".
En relación a la consideración de que existe una declaración testifical por realizar, la magistrada considera que no es cierto que la declaración de Sandra Mayans se suspendiera y se estuviera pendiente de su reanudación.
"Resultaría paradójico que ninguna de las partes hubiera instado a tal reanudación desde hace 6 años", manifiesta la jueza en el auto, que añade que "ni se suspendió el interrogatorio, ni se pospusieron preguntas para otro momento, porque únicamente se insinuó la posibilidad de señalar otro momento para la audición de las grabaciones y su sometimiento a contradicción".