La norma beneficia todos los diputados independientemente del partido al que pertenezcan y solo está condicionada por el tiempo que los representantes públicos han ocupado su escaño en el Congreso.
Según recoge el reglamento, "la cuantía de la indemnización será el equivalente de una mensualidad de la asignación constitucional por cada año de mandato o fracción superior a seis meses, y hasta un límite máximo de veinticuatro mensualidades".
En el listado publicado por el Congreso son 64 los exdiputados acogidos a esta indemnización aunque no todos llegan al máximo. Solo el popular Eduardo Gil Lázaro la alcanza tras 32 años de labor parlamentaria.
Destacan también por la cuantía los diputados socialistas Isabel López i Chamosa con 20 meses de indemnización, Julio Villarrubia, con 19 o Eduardo Madina, con 12.
Por parte del Partido Popular lo han solicitado Ana Mato a la que le han reconocido 19 meses, o Alfredo Prada, con 14.
Pero no solo hay representantes de los dos partidos mayoritarios. Al exportavoz de IU, José Luis Centella le han reconocido 12 meses de indemnización al tiempo que a Rafael Larreina, de Amaiur se le pagará durante 4 meses.
A partir de ahora, los parlamentarios de la XI Legislatura que cesen tras pasar un mínimo de dos años en el escaño tendrán derecho a la indemnización por cese que ya regía para sus antecesores, pero no podrán compatibilizarla con cualquier otro sueldo, retribución, salario, pensión o dieta de carácter público o privado. Antes esta indemnización sólo era incompatible con otros sueldos públicos.