El Ministerio del Interior comenzará en los próximos días la retirada de escoltas que prestan protección a miembros de la denominada cúpula judicial en la que se incluyen jueces y fiscales de la Audiencia Nacional y miembros del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el máximo órgano de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), han informado a Europa Press fuentes del ámbito judicial a los que ya se les ha comunicado la decisión.
Esta retirada se enmarca en los planes previstos por el Ministerio del Interior para reducir la plantilla de escoltas que llegó a prestar protección a 1.700 personas en todo el territorio nacional generando un gasto de 160 millones de euros anuales a las arcas del Estado.
Tras llevar a cabo una rebaja significativa en el País Vasco y en Navarra, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció que se desempeñaría la misma política de reducción de escoltas en el resto de España.
Según los datos que maneja la Secretaría de Estado de Seguridad, de las 1.700 personas que gozaban de estos servicios, un 30 por ciento quedará sin protección, es decir en torno a 500 personas. Desde el Ministerio se asegura que se ha hecho un estudio particularizado sobre cada caso y se han analizado los riesgos antes de proceder a la retirada de la escolta.
CRITERIOS
Así lo explicó el secretario de Estado, Ignacio Ulloa, en una entrevista concedida a Europa Press donde detalló los criterios que se han tenido en cuenta. "Hay quien dice: 'es que yo soy juez y tengo un riesgo inherente al cargo'. Ahí no es asumible", detalló.
"Otra cosa es, por ejemplo, un periodista que esté amenazado en concreto por ETA, eso sí que es un riesgo concreto que tiene una ficha de análisis de riesgo. Esas personas que tienen un análisis particularizado de riesgo normalmente quedan cubiertas pero las que hasta hora lo estaban por su cargo o la función que se desempeñaba lo lógico es que desaparezcan", añadió.
Este plan de retirada de escoltas en toda España estaba previsto que se iniciase a partir del 1 de abril, pero los trabajos sufrieron retrasos. "Había muchas personas que en cuanto han odio el 'run run' consideraban que a lo mejor tenían que ser reevaluadas y han instado a solicitudes de evaluación de riesgo", dijo Ulloa.
"Eso es lo que nos ha llevado a tener que reevaluar el riesgo respecto a determinadas personas, no sólo judiciales sino diversas autoridades, pero el plan ya entra en vigor y va a ser progresivo comenzando por las escoltas estáticas", sostuvo.
El siguiente paso del Ministerio será llevar esta reducción de los efectivos destinados a los servicios de protección en los edificios oficiales públicos.