El Ministerio del Interior no aclara si el expresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo Carlos Dívar continúa con escolta dos años después de haber dimitido de sus cargos tras el escándalo de sus viajes a cargo del presupuesto del Poder Judicial. Alega que se trata de una información reservada.
Ésta es la respuesta que da al portavoz de Interior de la Izquierda Plural en el Congreso, Ricardo Sixto, quien pedía al Gobierno explicaciones por la "tamaña" escolta que, según distintos medios de comunicación, mantiene Dívar, compuesta por un coche oficial con lunas tintadas, 11 guardias civiles y cuatro policías nacionales. Todo ello supone al erario público un coste anual de 385.000 euros.
PROTECCIÓN MAYOR A LA DE SU SUSTITUTO
Según apunta Sixto, este dispositivo de protección, que Interior justifica en la "alta responsabilidad" de Dívar y en que está "amenazado por ETA", es "muy superior" al de su sustituto, Carlos Lesmes, al de exministros como el de Interior y similar al de algunos expresidentes de Gobierno.
IU, al igual que los jueces y fiscales, consideran que la protección de Dívar es "totalmente exagerada", relativizan que la situación de riesgo que se alega y sostienen que muchos de sus compañeros sí que se encuentra en una situación de amenaza real, pese a lo cual, se les retiró los guardaespaldas.
En su respuesta, que recoge Europa Press, el Gobierno explica que el establecimiento de servicios de protección de personas por parte del Ministerio del Interior se rige por lo estipulado en una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad.
CON ARREGLO A LA LEY DE SECRETOS OFICIALES
Según la citada instrucción, la Comisión de Coordinación de los Servicios de Protección es la encargada de velar por la aplicación de las cuestiones recogidas en la misma, la asignación y retirada de los servicios de protección de personas, así como la entidad de los dispositivos a establecer en función de los análisis de riesgos realizados.
En este sentido, recuerda que el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, por el que se clasifican determinados asuntos y materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales, califica como "reservada" la información relativa a los "planes de protección de todas aquellas personas sometidas a la misma".
EL REGLAMENTO NO LO CONTEMPLA
Sobre Dívar también registró una batería de preguntas el portavoz de Justicia de IU-ICV-CHA pero en su caso además para interesarse por si el Gobierno preveía retirar la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort al expresidente del CGPJ y del Supremo por "despilfarrar caudales públicos".
A este respecto, el Gobierno responde negativamente. Según explica, el reglamento de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, que tiene una antigüedad de casi 70 años, no contempla la posibilidad de separación de la orden "atendidas circunstancias que lo aconsejen o se encomienden".