La Fiscalía recurrió la intervención de las comunicaciones del ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa al no considerarla "útil" ni "necesaria" para la investigación y recordando que la Policía Judicial ya ha tenido acceso a 8.777 correos electrónicos emitidos o recibidos desde la cuenta del banquero durante su mandato en la entidad.
Así consta en el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, que el Ministerio Público presentó contra el auto en el que el juez Elpidio José Silva acordaba interceptar durante un mes las comunicaciones efectuadas a través de Internet, Messenger o cualquier otra vía que pudieran ser realizadas por el acusado.
El juez sustituto, Juan Antonio Toro, acordó el pasado 11 de junio el cese de la intervención a petición de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil teniendo en cuenta que se trata de una medida restrictiva de un derecho fundamental y que el investigado se encuentra en prisión.
El fiscal del 'caso Blesa' se opuso a la escucha de los números de teléfono que son titularidad del banquero e impugnó el secreto de las diligencias previas abiertas respecto al crédito de 26,6 millones concedido al que fuera dueño del Grupo Marsans, Gerardo Díaz Ferrán. El juez levantó también la pasada semana el secreto sobre estos hechos.
En su escrito, el representante del Ministerio Público estima que el juez Silva no valoró "debidamente la utilidad y necesariedad" de las intervenciones telefónicas y recuerda que se trata de una medida "excepcional" a tomar solo cuando no exista otro medio de investigación del delito que sea de "menor incidencia y causación de daños sobre los derechos y libertades fundamentales del individuo que los que inciden sobre la intimidad personal y el secreto de las comunicaciones".
INVESTIGAR ABUSO DE FUNCIONES Y PERJUICIO DE LA ENTIDAD
Recuerda que esta medida se adoptó respecto a la compra por parte de Caja Madrid en 2008 del City National Bank de Florida por valor de 1.134 millones de dólares, una operación que "incluso" dio lugar a un informe del Banco de España en el que describía en 2010 las "irregularidades" que acompañaron a esta adquisición.
Esta conducta puede ser constitutiva de un posible delito de administración desleal, "siendo únicamente necesario, en principio, determinar las personas que intervinieron en dicha operación, si aprobaron la adquisición abusando de las funciones propias de su cargo, si obtuvieron algún beneficio económico y si la misma ha resultado definitivamente perjudicial para los intereses de la entidad de crédito".
En este punto, añade que Bankia vendió el pasado mayo el banco de Florida por un precio aproximado de 900 millones de dólares, unos 700 millones de euros. "Una cantidad que, según la denuncia, resultaría incluso muy superior a la valoración que por libros se le daba al Banco americano en la fecha en la que se llevó a efecto la operación investigada y desprendiéndose de las mismas noticias que la operación ha generado una plusvalía de 180 millones de euros para la entidad, extremos todos ellos que deberán confirmarse en esta fase de diligencias previas", precisa.
Pues bien, tras poner de relieve tales antecedentes, el fiscal opina que no se hace preciso "en ningún caso" intervenir las comunicaciones telefónicas y telemáticas de Blesa ya que la operación se realizó en 2008 con los resultados ya conocidos.
Asimismo, añade que la Unidad Orgánica de la Policía Judicial correspondiente ya ha tenido acceso a 8.777 correos emitidos o recibidos desde la cuenta del principal imputado durante su mandato al frente de la caja de ahorros y ha ocupado dos ordenadores que utilizó durante su presidencia.
"Por ello, estimamos que la medida acordada no es útil ni necesaria a los fines de la investigación, sino que constituye o puede constituir una intromisión a los derechos más fundamentales de la persona", concluye.