López Gutiérrez comparece este martes ante la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz relativa a las concesiones de las subvenciones otorgadas por la administración de la Junta en materia de formación profesional para el empleo desde 2002 a la actualidad, después de que ya lo hayan el resto de interventores provinciales.
Durante su intervención, ha dicho que no ha podido obtener "las evidencias suficientes" para dar una opinión sobre si la dirección del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ha cumplido con la legalidad. Así, ha explicado que en el informe especial sobre las ayudas a la formación que realizó en 2014 denegó opinión, "dada la relevancia de las salvedades y limitaciones de alcance".
La interventora ha afirmado que la muestra de expedientes les llegó "incompleta" con copias "ilegibles y desordenadas". Dentro de los incumplimientos "más relevantes", ha destacado que dentro de la documentación había información "contradictoria", lo que hacía "imposible" determinar el dato correcto.
Preguntada por distintos miembros de la comisión sobre el posible menoscabo de fondos públicos, López Gutiérrez ha dicho que, "a día de hoy" no puede afirmar que haya habido. "Hasta que no haya un daño real, efectivo y cuantificable no se podrá decir", ha precisado la interventora, quien ha indicado que antes hay que llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para recuperar el dinero.
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