Los diputados de IU Alberto Garzón y Ricardo Sixto consideran "muy preocupante que se haya descartado investigar mínimamente la existencia de plan político previamente diseñado para identificar y sancionar a ciudadanos críticos con el Gobierno del PP y sus medidas, vulnerando así sus derechos"
Con la citada querella, que fue registrada personalmente por Garzón y Ricardo Sixto el pasado 12 de diciembre, esta formación ejerció su derecho a la acusación popular e imputó a Cifuentes los supuestos delitos de falsedad documental, contra la Administración Pública y el cometido contra la Constitución por autoridad o funcionario público contra los derechos individuales por la gestión política de las citadas protestas.
Fuentes del departamento jurídico de la coalición han señalado que el "recurso de reforma ha sido admitido a trámite y se encuentra pendiente de resolución". Del mismo modo, han adelantado a nivel de actuación legal que este recurso es desestimado, Izquierda Unida interpondrá recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.
"Seguimos pensando que existen indicios más que suficientes como para entender que la actuación de la delegada del Gobierno del PP en Madrid ha podido falsear las resoluciones administrativas e impedido el libre ejercicio de diversos derechos fundamentales de las personas que trataron de reunirse libremente en octubre y también el de aquellas que fueron sancionadas bajo tipos no acordes con la legalidad y amparados en hechos falsos", han dicho los parlamentarios de IU.
Además, consideran "muy preocupante que se haya descartado investigar mínimamente la existencia de plan político previamente diseñado para identificar y sancionar a ciudadanos críticos con el Gobierno del PP y sus medidas, vulnerando así sus derechos".
"Esto es especialmente grave cuando esos mismos dirigentes criminalizan y acusan a miembros de movimientos sociales, como los de las plataformas antidesahucios, de ser ellos los que perpetran planes de acoso a cargos públicos 'populares' vinculándoles, además, con ETA y grupos filoterroristas", han agregado los diputados.
VULNERACIÓN DE LA TUTELA JUDICIAL
El recurso presentado por IU expone que el sobreseimiento de las actuaciones de la querella "vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución" y que "no se ha realizado la más mínima actividad instructora para determinar el alcance de la actuación policial denunciada bajo órdenes de la delegada del Gobierno en Madrid, ni el alcance que sobre la legalidad vigente y los derechos fundamentales de los ciudadanos pudiera tener dicha actuación y las posteriores sanciones interpuestas".
Para Izquierda Unida, "que no se haya practicado ni una sola diligencia de prueba, ni tan siquiera hayan sido valoradas por el juez instructor agrava el desamparo de los ciudadanos respecto de los abusos policiales ordenados por la delegada del Gobierno, así como la arbitrariedad constante a la que desde determinadas instancias públicas se está sometiendo a quienes muestran cualquier disconformidad política, vulnerando sus derechos fundamentales y cívicos".
IU estima que el juez instructor "debería decretar la reapertura de la causa y realizar la actividad de investigación solicitada en la querella, así como otras pruebas que se puedan derivar de la misma".
De lo contrario, a su juicio, "se estaría contradiciendo la constante jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la conveniencia de realizar investigaciones eficaces sobre posibles delitos, en especial cuando estos pueden incidir en derechos básicos de la ciudadanía".