Éstas son algunas de las peticiones de la moción que IU-ICV-CHA ha registrado en la Cámara Baja y que es consecuencia de la interpelación que su portavoz parlamentario, José Luis Centella, dirigió el pasado miércoles en sede parlamentaria al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. La votación tendrá lugar en el Pleno de la próxima semana, previsiblemente el martes.
En su iniciativa, que recoge Europa Press, la coalición de izquierdas pretende que el Congreso rechace la actitud mostrada por el jefe del Ejecutivo el pasado 1 de agosto porque considera que su versión sobre su extesorero Luis Bárcenas y sobre la supuesta trama de financiación ilegal del PP han quedado en evidencia.
EL PP RECHAZA INCLUSO SU DEBATE
Además, el grupo parlamentario que capitanea Cayo Lara ha incluido en su moción algo que el PP viene rechazando sistemáticamente en las Juntas de Portavoces, incluso su debate en sesión plenaria: la creación de una comisión de investigación para estudiar la financiación de los partidos políticos, así como los casos de financiación irregular o ilegal, con el fin de mejorar los mecanismos de fiscalización.
En otra de sus propuestas, la Izquierda Plural reclama que el Congreso emplace a la Ponencia de la Comisión de Reglamento a presentar antes de fin de año una propuesta de reforma de las normas que rigen el funcionamiento de la Cámara Baja desde 1982.
Desde su constitución, a finales de abril, la citada ponencia aún no se ha reunido, algo que desde la Izquierda Plural ha venido denunciando porque teme que la reforma del Reglamento se quede en agua de borrajas. De hecho, el propio Centella ha remitido dos cartas ya al presidente del Congreso, Jesús Posada, urgiéndole a que comiencen los trabajos.
SUS 'RECETAS' CONTRA LA CORRUPCIÓN
Por último, la moción insta al Gobierno a que en el futuro plan de lucha contra la corrupción que presente --el Consejo de Ministros aprueba este viernes un informe con un amplio paquete de reformas para combatir esta lacra-- incluya algunas de las 'recetas' que IU-ICV-CHA viene defendiendo.
Así, plantea medidas relativas a la persecución de los delitos relacionados con la corrupción, de prevención y lucha contra el fraude fiscal y la evasión de capitales, de control de los procesos de contratación de las Administraciones Públicas, y para facilitar la investigación, el control y la fiscalización de las cuentas públicas y la responsabilidad que pudiera derivarse.
De la misma manera, aboga por reformar el régimen de incompatibilidades de los cargos públicos, la financiación de los partidos y el Tribunal de Cuentas; por regular los 'lobbies' o grupos de presión y las campañas electorales en lo relativo a su financiación