El diputado de IU por Asturias ha registrado este mismo lunes su petición con el fin de que Morenés explique en concreto la "obstrucción" del Ministerio de Defensa a la Justicia, al "negar" a un juez civil el expediente abierto a Bravo.
Llamazares completa esta solicitud con una batería de preguntas por escrito en la que solicita al Ejecutivo que aclare, entre otras cuestiones, cómo justifica su argumento de que el expediente de sanción a Bravo es un documento clasificado como secreto oficial, cuando dicho expediente "sólo está basado en una falta disciplinaria grave por hacer reclamaciones a través de los medios de comunicación al solicitar ahorro en los gastos superfluos del Ministerio de Defensa".
¿POR QUÉ EL GOBIERNO NO HA ANULADO EL EXPEDIENTE?
IU hace todas estas peticiones tras conocerse que el Ministerio de Defensa ha negado al titular del juzgado de instrucción número 26 de Madrid el expediente disciplinario del subteniente Jorge Bravo con el argumento de que ese tipo de documentos están clasificados como secretos por un acuerdo del Consejo de Ministros de 1986, que protege aquella información "cuyo conocimiento por personas no autorizadas puede poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado".
Además de interesarse por las condiciones en la que se encuentra Bravo, Llamazares quiere saber qué órgano del Gobierno ha decidido la clasificación del expediente como secreto oficial y en qué fecha, y las razones por que las que el Gobierno no ha anulado el expediente abierto contra el presidente de AUME, "dado que la autoridad militar que lo abrió carecía de competencia para hacerlo", dice el texto.
El presidente de la AUME cumple, desde el pasado 3 de abril, un mes y un día de arresto en el centro disciplinario de Base San Pedro, en Colmenar de Oreja (Madrid), por declarar a una emisora que, antes de recortar el sueldo a los militares, habría que ahorrar en "gastos superfluos de las Fuerzas Armadas, como festejos, celebración de aniversarios, juras de bandera con población civil, uso racional de vehículos oficiales, vinos o entrega de premios", recuerda Llamazares.
OTROS ARRESTOS
En este punto, el diputado de IU por Asturias destaca que "no es la primera vez" que Defensa "sanciona" al presidente de AUME por su labor sindical. De hecho, recuerda que el 25 de enero de 2007 fue sancionado con un mes y un día de arresto por unas declaraciones realizadas el 28 de marzo de 2006 en A Coruña sobre el accidente del Cougar en Afganistán, y en enero de 2009, fue sancionado con 40 días de arresto por haber representado a AUME en una manifestación de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), CC.OO y el Sindicto Unificado de Policía (SUP) celebrada el 24 de noviembre de 2008 en defensa de los derechos de los militares.
El mismo día de conocerse la entrada en prisión de Bravo, el parlamentario de la federación de izquierdas ya registró una batería de preguntas en las que, entre otras cuestiones, reclamaba al Gobierno por escrito que justificara "la sanción impuesta al presidente de AUME por proponer medidas de ahorro en las Fuerzas Armadas y defender los derechos laborales de sus miembros", sanción que se le ha impuesto "según el Código Disciplinario de las Fuerzas Armadas de 1998".
Y ello pese a que éste, en trámite de reforma, quedó superado por la Ley de Derechos y Deberes de 2011, que reconoce a los militares el derecho a la libertad de expresión "sin otros límites que los derivados de la salvaguarda de la seguridad y defensa nacional, el deber de reserva y el respeto a la dignidad de las personas, instituciones y poderes públicos", recuerda Llamazares.