El expresidente del Senado Javier Rojo y otros cinco exsenadores han optado por recibir la indemnización por cese que ofrece la Cámara Alta, descartando así percibir cualquier otra retribución con cargo a presupuestos públicos, como la pensión por jubilación, o que provenga de una actividad privada, según han informado fuentes del Senado.
Para cumplir con el decreto de recortes aprobado por el Gobierno y convalidado por el Congreso a principios de julio, la Mesa de la Cámara Alta decidió por unanimidad declarar incompatibles las indemnizaciones por cese de los parlamentarios o la del expresidente de la Cámara con cualquier otra retribución que reciban y estableció de plazo hasta el pasado 4 de septiembre para optar por una de las dos vías.
Tras finalizar dicho plazo, han sido cinco, de alrededor de una treintena, los exsenadores, además de Rojo, que han decidido seguir percibiendo la indemnización por cese del Senado. Se trata de los 'populares' Luis Manuel Fraga y Juana Borrego, del exsenador del PSOE Juan Pascual Azorín, y de los exsenador del PSC José María Batlle y Ramón Aleu. Todos ellos, al optar por la indemnización del Senado, perderán, además de las otras indemnizaciones, el derecho a asistencia sanitaria de la Seguridad Social.
PÉRDIDA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Precisamente este será uno de los temas que aborden la Mesas del Senado y del Congreso en una reunión conjunta el 24 de septiembre, ya que, tal y como ha explicado el vicepresidente primero de la Cámara Alta, Juan José Lucas, se trata de un asunto delicado y preocupante que es preciso analizar en conjunto.
Asimismo, Lucas ha informado de que la semana que viene se decidirá la fecha en la que entrará en vigor, previsiblemente con carácter retroactivo, la incompatibilidad de cobrar la indemnización por cese del Senado junto con otro tipo de retribuciones, con el objetivo de investigar los "cobros indebidos" de aquellos exsenadores que ya no tengan derecho a recibir la indemnización por cese al haberla rechazado pero que habrían seguido percibiéndola hasta ahora.
De este modo, se prevé que se fije el 13 de julio, día en el que el Congreso convalidó el real decreto ley aprobado por el Gobierno que establecía la nueva normativa, como fecha para determinar la cantidad de dinero que deben devolver dichos exsenadores, y que podría oscilar entre los 300 y los 2.000 euros.