El editor y empresario Enrique Ribóo escribió una carta a la expresidenta del PP de Madrid Esperanza Aguirre explicándole que el ahora diputado del PP y exalcalde de Leganés, Jesús Gómez, le había requerido hasta 2.000 euros por información del proceso judicial del 'caso Facturas', acerca de la presunta financiación irregular de la campaña electoral del PSOE en 2007, que finalmente fue archivada.
Así consta en la misiva incluida en el sumario de la trama Púnica, al que ha tenido acceso Europa Press, donde el empresario señala que abonó 1.000 euros al Partido Popular de Leganés para "tener conocimiento de todos los pasos judiciales" sobre la investigación que llevó a cabo su periódico, 'DLeganés', sobre el conocido como 'caso Facturas'.
Según la documentación, el por aquel entonces portavoz del PP local y actual diputado regional por el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Jesús Gómez, le habría pedido un primer desembolso de 1.000 euros --que se tramitó-- y requirió un segundo de igual cantidad al que Ribóo terminó negándose.
Gómez, por su lado, ha negado todos estos extremos y ha asegurado que este pago correspondía a la parte proporcional acordada con el empresario para afrontar una fianza del proceso judicial.
El sumario de Púnica recoge la carta que el empresario remitió el 29 de julio de 2014 a Aguirre, en la que detallaba cómo quien fuera alcalde de Leganés entre 2011 y 2015 pidió ese pago para que Ribóo tuviera conocimiento de todo el procedimiento judicial del caso Facturas.
Los hechos comenzaron, según relata Ribóo en la misiva a Aguirre, cuando Gómez le pidió las "pruebas" de la presunta financiación irregular de la campaña socialista de 2007 para llevar el asunto ante la Justicia. "Le aportamos todos nuestros documentos", alega el editor, que justifica que consideraba "muy interesante que los tribunales refrendasen su investigación periodística".
"El problema surge --continúa el escrito-- cuando para tener conocimiento de todos los pasos judiciales el Sr. Gómez Ruiz nos exige el pago de 1.000 euros al Partido Popular. Con muchos esfuerzo, aunque a regañadientes, así lo hicimos e ingresamos 1.000 euros". En el sumario figura el comprobante bancario del ingreso en efectivo.
Sin embargo, pasa el tiempo y, según Ribóo, no tuvo conocimiento de ningún paso judicial pese a que un juzgado admitió a trámite la denuncia. "Le preguntamos al Sr. Gómez Ruiz por qué no nos informa para publicar la investigación y trámites judiciales y... sorpresa... nos exige otros 1.000 euros", le dice.
En la carta, el editor asegura que no aceptó pagar "un euro más" y que, además, reclamó a Aguirre la devolución de los primeros 1.000 euros al sentirse "engañado".
Tras ello, el PP respondió por carta a Ribóo el 8 de septiembre de 2014. En ese documento, informó de que el partido había remitido el escrito tanto a Jesús Gómez como al vicesecretario de Partido, Bartolomé González, "con el fin de contrastar su versión y poder darle respuesta a la mayor brevedad posible".
LA VERSIÓN DE GÓMEZ
Por su parte, Jesús Gómez ha negado, en declaraciones a Europa Press, que intentara extorsionar al empresario. En este sentido, ha explicado que fue el propio editor quien acudió, junto con el representante de otro partido político local, a mostrarle las pruebas que tenía sobre el caso Facturas --entre otras, la contabilidad de una de las empresas editoras donde se insertó publicidad supuestamente irregular de la campaña del PSOE en 2007-- y a pedirle que interpusiese una querella, hecho que hicieron los 'populares' tras valorar el caso.
Después de ello, el juzgado requirió una fianza de 3.000 euros porque el PP figuraba como acusación popular, ha explicado. En ese momento, Gómez comunicó a Ribóo que el PP no tenía dinero suficiente para afrontar el montante y, de las conversaciones, acordaron que cada uno de los tres abonase 1.000 euros. "Me los quería dar en efectivo y le dije que los ingresará en la cuenta y pusiera el concepto que quisiera", ha detallado.
No obstante, el exregidor ha negado que le reclamase otros 1.000 euros y ha manifestado que si no informó del procedimiento, pese a que las "pruebas de cargo" las tenía el empresario, es porque el proceso judicial estuvo parado dos años.
Gómez ha asegurado que si ciertamente hubiera habido extorsión, Ribóo habría acudido al juzgado. En todo caso, ha precisado que se "querellaría" con el empresario si tuviera el dinero suficiente para abogados. Además, ha subrayado que estaría "encantado de testificar ante el fiscal por el contexto de este caso".
El exregidor ha subrayado que, en su día, dio explicaciones a la cúpula del PP madrileño sobre un editor del que ha dicho que se "ha dedicado a construir noticias falsas" contra él.