En una rueda de prensa ofrecida junto al presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, la ministra ha asegurado que en el aspecto económico el Estado "se ha adelantado en un 35 por ciento", y ha recordado que desde la puesta en marcha de le Ley se han atendido 600.000 solicitudes y 400.000 personas ya están recibiendo algún tipo de prestación.
Además, ha precisado que el desarrollo "completo" de la Ley estaba previsto para 2015 porque el Gobierno "era consciente de que la puesta en marcha de un nuevo derecho exige tiempo para su aplicación en toda su extensión".
"El Estado ha ido cumpliendo con todos sus compromisos pero las previsiones de solicitudes se han visto sobrepasadas", ha puntualizado Jiménez, quien ha insistido en que se ha logrado un "gran avance" y ha asegurado que "con un poco más de tiempo el desarrollo y consolidación de la ley va a ser un éxito".
La ministra ha recordado que el Estado ha puesto para el desarrollo de la ley cerca de 3.000 millones aunque ha reconocido que la demanda "es cada día mayor" como corresponde a una sociedad "que quiere prestar servicios a las personas que más lo necesitan".
Ha indicado que es consciente de las dificultades que están teniendo las comunidades autónomas para hacer frente a los gastos derivados de la aplicación de la Ley, y ha señalado que para buscar soluciones se están manteniendo contactos bilaterales.
Al respecto, ha precisado que el margen de lo incluido en los presupuestos se han ido aprobando partidas extraordinarias "en función de las necesidades que las comunidades autónomas han ido transmitiendo".
"Es alentador que más de 400.000 personas ya reciban la ayuda y creo que se está haciendo un esfuerzo por parte de todas las administraciones", ha recalcado.
Ante las quejas del Gobierno de Asturias por la falta de financiación, la ministra ha asegurado que el Estado ha cumplido con sus compromisos aunque ha reconocido que "siempre su puede hacer más", y ha destacado el "esfuerzo extraordinario" que está haciendo el Principado para hacer llegar las ayudas a quienes las necesitan.
"También por eso estoy aquí, porque desde el Ministerio queremos ver de qué manera se logra una mejor cooperación para que todo el que lo necesite pueda lograr la ayuda", ha señalado.
Sobre la solución que se aplicará para las personas que teniendo reconocido el derecho no llegaron a recibirlo al fallecer antes, la ministra ha defendido que se adopte un acuerdo que vincule a todo el Estado.
Ha explicado que algunas comunidades autónomas se mostraron partidarias por conceder ayudas económicas a los familiares, pero ha defendido apostar por "un espacio de reflexión conjunta para dar una respuesta que no sea fraccionada".