Así consta en dos autos con fecha de 15 de junio, en los que el magistrado de este procedimiento, encargado de investigar un agujero económico de 25 millones de euros, acuerda mandar a los administradores de Construcciones y Reformas Rocafort S.L, Construcciones Valsebe S.L., Mantenimientos S.L., Microprocesadores Valencia S.L., y Sofitec, que presten fianza en la cuantía de 3,6 millones.
Respecto a las tres primeras mercantiles, en las que figura como administradora única María Paz, el juez estima que facturaron a Emarsa 4.350.895 euros. Sin embargo, considera que, o bien no se prestaron los servicios facturados, o bien se 'sobrefacturaron'.
El magistrado agrega que aún si se aceptara, a efectos meramente dialécticos, que dos trabajadores de cualquiera de estas tres empresas acudieron a trabajar a Emarsa todos los días laborables, a razón de 10 horas diarias, durante los cinco años en que existieron relaciones laborales, "el 'trabajo' realizado podría haberse facturado en una suma entre 600.000 y 700.000 euros, atendidos los contratos suscritos".
Por este motivo, el juez estima "prudente" concluir que la facturación a Emarsa se incrementó "sin justificación" en unos 3,6 millones de euros. Al respecto, el magistrado recuerda que se fijó esta fianza para María Paz, y se ordenó el embargo de varios bienes de la misma que, sin embargo, no cubrían con la totalidad de lo fijado.
Ante ello, el ministerio fiscal pidió que se abriera una pieza separada de responsabilidad civil para las tres empresas administradas por María Paz con el fin de exigir a su legal representante la prestación de fianza de 3,6 millones. El magistrado ha aceptado esta solicitud.
Y algo similar ocurre con las mercantiles administradas por Sebastián García: Microprocesadores Valencia S.L. y Sofitec Informática, empresas que facturaron a Emarsa 4.568.854 euros. Sobre las mismas, el juez también realiza una consideración: "aún aceptando a efectos dialécticos que todos los productos recogidos en las facturas de compras aportadas hubiesen luego sido servidos a Emarsa, y aunque se establecieran márgenes de beneficio por la intermediación del imputado de un 100%, resulta prudente concluir que la facturación se incrementó sin justificación en unos 3.650.000 euros", mantiene.
Por este motivo, y ante la posibilidad de este imputado de, al igual que su hermana, cubrir el total de la fianza impuesta, el juez acuerda fijar esta misma fianza a las empresas de Sebastián García, para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse.
SILLA
En otro auto, con fecha de 14 de junio, el magistrado rechaza la personación del Ayuntamiento de Silla (Valencia) en la causa, al entender que este consistorio no ha realizado ninguna alegación que permita concluir que sea ofendido o perjudicado por alguno de los delitos objeto de la investigación.
El Ayuntamiento de Silla solicitó el 4 de junio su personación en las diligencias de investigación instruidas en el juzgado de Instrucción número 15 de Valencia como acusación particular. Sin embargo, el magistrado lo ha rechazado porque no realizó ninguna alegación como perjudicado, y porque Emshi ostentaba el 100% del capital social de Emarsa, y Emshi ya se encuentra personada como acusación particular en la causa.
Por otro lado, en otro auto, el juez acuerda embargar a Cristina Segarra --mujer del exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta-- su vivienda para cubrir los 400.000 euros de fianza fijada para ella.
En una última providencia, el magistrado acuerda incorporar en la causa los movimientos bancarios de una cuenta de José Ramón Cuesta Anguix --hermano del exgerente--. En la misma, figuran a partir del día 4 de enero de 2008 sucesivos ingresos en efectivo hasta el 29 de octubre de 2009 por importe de 1.000 euros. A partir de esta información, requiere a Sebastián García a que precise, en el plazo de tres días, los ingresos que afirma fueron realizados por su parte en la cuenta de Cuesta.