En este juicio --a la espera de la vía penal que puede demorarse hasta el próximo otoño-- el consistorio defenderá la devolución del dinero tras la anulación de la compraventa en 2007 por parte del Tribunal Supremo (TS), lo que implicaría que las parcelas volverían a los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia, que a su vez esgrimen que los terrenos han perdido valor porque no se puede edificar y reclaman un indemnización de 116 millones.
En la parte penal, cuyo juicio oral se abrió el pasado mes de septiembre, hay un total de 13 acusados, entre ellos el exalcalde, Miguel Zerolo, los empresarios implicados en la compraventa, y exconcejales y funcionarios y técnicos municipales.