La Junta de Andalucía ha cursado este jueves una solicitud al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, donde la juez Mercedes Alaya instruye el caso sobre las irregularidades en expedientes de regulación de empleo (ERE), para que ponga fecha para la devolución de las actas del Consejo de Gobierno que están custodiadas en dependencias judiciales a la sede del Ejecutivo autonómico.
La consejera de Presidencia, Mar Moreno, que ha confirmado en rueda de prensa esa solicitud al juzgado, ha expresado la satisfacción del Gobierno andaluz por el auto de la Audiencia Provincial de Sevilla por el que se ordena devolver a la Junta las actas de los Consejos custodiadas en sede judicial.
La Junta también vuelto a solicitar al citado juzgado que eleve al Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales, dependiente del Tribunal Supremo, todas las actuaciones en relación con las actas para que se inicie la tramitación del conflicto de jurisdicción.
Moreno ha manifestado que el Gobierno andaluz está especialmente satisfecho por que en virtud de dicho auto de la Audiencia Provincial se reconozca que es un poder del Estado y que, por lo tanto, no hay "ninguna razón" para que ningún juzgado tenga que desconfiar de la Junta.
Ha recalcado que la Junta tiene el deseo de abrir un periodo de "máxima confianza" con el Juzgado de Instrucción número 6. Ha señalado que el Ejecutivo andaluz tiene la máxima confianza en los tribunales y también la Junta merece la "máxima confianza" de las instancias judiciales.
Mar Moreno ha querido dejar claro el compromiso, el respeto y la voluntad de la Junta de "colaboración al máximo" con el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, apuntando que están en "el mismo barco" y tienen el mismo objetivo, como es que los responsables del fraude se sientan en el banquillo. Ha señalado que la Junta está actuando en todo momento con la máxima rigurosidad y transparencia política y jurídica en este caso.
Ha lamentado que el PP-A se haya dedicado, en el asunto de las actas, a acusar a la Junta de "obstruccionista", de no colaborar con la justicia, de desobediencia o de querer eludir la acción de los tribunales. A su juicio, el auto de la Audiencia Provincial viene a dar la razón a la Junta de Andalucía "y se la quita al Partido Popular, que ha demostrado su falta total de sentido de Estado y su oportunismo sin escrúpulos institucionales".
Para Moreno, la devolución de las actas también devuelve a la Junta de Andalucía la imagen de un Gobierno "serio y riguroso" y de un poder del Estado que combate la corrupción como el que más y que confía en la justicia.
"NINGUNA INTENCIÓN DE RECUSAR A NADIE"
Preguntada sobre si la Junta se plantea "recusar" a la juez Alaya por no haber elevado aún las actuaciones en relación con las actas al Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales, Mar Moreno, que ha apuntando que la administración andaluza ya se ha dirigido a la citada instancia judicial para poner en su conocimiento la "dilación" que se está produciendo en la solventación de este incidente, ha señalado que el Gobierno andaluz no tiene "ninguna intención de recusar a nadie", sino la "máxima voluntad" de colaborar con la justicia en el fondo del asunto, es decir, sentar a los banquillos a los responsables del fraude.
"No tenemos la menor vocación de confrontar", según ha sentenciado la consejera de Presidencia, quien ha recalcado que el auto de la Audiencia Provincial "equilibra" la relación que mantiene la Junta con el juzgado.
Para Mar Moreno, el auto de la Audiencia Provincial ha sido "meridianamente" claro y ha recalcado que la última palabra sobre las actas del Consejo de Gobierno la "va a tener" la Sala de Conflictos Jurisdiccionales del Tribunal Supremo. Ha confiado en que, a la mayor brevedad, la juez señale un día para que las actas vuelvan a la sede del Gobierno andaluz.