Según ha explicado en rueda de prensa la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, esta modificación legal, que permitirá regularizar entre 20.000 y 25.000 viviendas en toda Andalucía, no supondrá una "amnistía" ni una "legalización", sino que únicamente permitirá a estas viviendas a "acogerse a esta nueva opción de regularización" de viviendas con fines "no especulativos".
En este sentido, Serrano ha querido dejar claro que no podrán acogerse a esta nueva regularización aquellas construcciones que no se encuentren inmersas en un "proceso administrativo o judicial" o ubicadas en terrenos de especial protección, zonas inundables, parque natural o equipamientos de zonas verdes.
Tras subrayar que el texto aprobado por el Consejo de Gobierno es fruto del acuerdo entre PSOE-A e IULV-CA, la titular de Medio Ambiente ha indicado que la modificación legal también fija la obligación de los municipios de dar respuesta "en un plazo de dos meses" a las consultas que formulen los ciudadanos sobre el régimen urbanístico de terrenos o las edificaciones en suelo no urbanizable.