Según ha anunciado hoy en rueda de prensa la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, la Junta remitirá hoy a la juez instructora las conclusiones parciales detectadas en 30 de los 45 expedientes de extinción de empleo que se encuentran en estos momentos "vivos".
Durante su comparecencia, tras el Consejo de Gobierno, la consejera ha vinculado todos los casos detectados a la época en la que Javier Guerrero estuvo al frente de la Dirección General de Empleo de la Junta, el mismo ex alto cargo que ha sido expulsado del PSOE-A tras declarar a la Policía Judicial que había un "fondo de reptiles" de 647 millones para referirse al dinero público reservado a estos expedientes.
Moreno ha optado por no hacer público si en la lista de los presuntos perceptores irregulares de los fondos de prejubilación se encuentran ex altos cargos de la Administración, como sospecha el PP.
"Si alguien se salta los controles no es una falta de control. Lo que falla aquí es que alguien ha decidido beneficiarse de fondos públicos y vamos a llegar hasta el final de este asunto", ha advertido Moreno, quien ha anunciado una batería de medidas del Gobierno andaluz, entre ellas personarse en la causa abierta en los tribunales como parte "perjudicada".
También ha informado de que la Junta ha solicitado la fiscalización a la Cámara de Cuentas de todas las subvenciones para expedientes de regulación de empleo (ERE) y la comparecencia del consejero de Empleo, Manuel Recio, en el Parlamento andaluz.
El consejero ha negado la existencia de fondos ilegales en el departamento de Empleo, al igual que ha destacado hoy Moreno, que ha insistido en defender el modelo de ayudas sociales a empresas y trabajadores al margen de las "discrepancias" sobre el procedimiento empleado para transferir los fondos que manejaba la Junta.
La consejera ha confirmado que la Intervención General de Hacienda mostró en 2005 su "disconformidad" con el "procedimiento" en un informe que no era vinculante, aunque la decisión fue "mantenerlo", lo que ha atribuido a una "decisión técnica y política y apuntó que fue la Dirección General de Trabajo la que adoptó esta decisión.
En opinión del Gobierno, el origen de las supuestas irregularidades está en la "intención de quien las ha cometido" y en su "comportamiento no ajustado a derecho".
"Fraude se comete en muchos niveles, pero hay quien se ha aprovechado de recursos públicos y la Junta está interesada en que se aclaren ", ha dicho.
Frente a las críticas de los partidos de la oposición, Mar Moreno ha sostenido que la Junta está en este asunto "a la ofensiva, desde el minuto uno", al recordar que la Consejería de Empleo está colaborando y ayudando en el proceso desde el principio.
La Junta abrió el 17 noviembre un procedimiento interno para determinar todos los beneficiarios de ayudas destinadas a Mercasevilla, ha indicado Moreno, que apuntó que se está investigando otras empresas.
El montante de ayudas para ERE ha sido superior a los 600 millones euros y en la actualidad hay unos 6.000 trabajadores beneficiarios.