Fuentes del Gobierno andaluz han desmentido a Europa Press que de la utilización de la fórmula de las transferencias de financiación pueda deducirse "a priori ningún acto ilícito como ha pretendido apuntar el Partido Popular, que se resiste a aceptar la limitación del fraude de los ERE a las malas prácticas muy concretas de un área determinada, ya afortunadamente desterradas".
Tras insistir en que el PP-A quiere obtener "mayor rédito político de la causa manipulando sin límite", las citadas fuentes han apuntado que la presentación de un escrito al juzgado número 6 de Sevilla que ha anunciado el Partido Popular reincide "en su táctica de las trampas procesales que el Gobierno viene denunciando".
Asimismo, han apuntado que esta estrategia está provocando retrasos en la instrucción del caso y que se ponga "en peligro" la consecución del objetivo principal: "castigar a los culpables de una malversación de caudales públicos, tal y como la Junta de Andalucía viene persiguiendo".
El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, anunciaba este martes que su formación ha puesto en conocimiento de la justicia un informe en el que se pone de manifiesto que siete consejerías del Gobierno andaluz han realizado transferencias de financiación corrientes y de capital a través del IFA o de la Agencia IDEA para la concesión de créditos a empresas entre los años 2001 y 2010, un procedimiento que el dirigente 'popular' consideraba "similar" al utilizado con el 'fondo de reptiles'.