En una rueda de prensa ofrecida junto a la comisaria de Justicia europea, Catalá ha indicado que el Tribunal Constitucional lleva un tiempo introduciendo la doctrina de que las penas deben ser "concretas, definidas y establecidas expresamente en relación con la limitación de derechos que pueda establecerse por el tribunal sentenciador".
El ministro ha precisado que puede haber "múltiples casos", además del de Otegi, en que esas condenas de inhabilitación para el ejercicio de cargo público o sufragio pasivo no estén aclaradas por el tribunal sentenciador. "Eso requiere o bien algún tipo de aclaración si eso fuera todavía posible, procesalmente, y si no la aplicación de la doctrina constitucional de que las penas genéricas no tienen cabida en nuestro ordenamiento jurídico", ha concretado.