Así se pronunciaba el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, en relación a las últimas informaciones aparecidas al respecto a comienzos de esta semana, según informó la institución insular en nota de prensa.
En este sentido, reiteró que el TS "sólo se ha pronunciado sobre un incidente de ejecución de sentencia, presentado por el Cabildo de Lanzarote y el Ejecutivo regional, y una petición de medidas cautelares presentada por parte del Gobierno de Canarias".
Asimismo, la institución insular asegura que el TS le ha informado de que el último auto del que se tiene constancia es del 17 de julio. De todos modos, insistió en que "el TS no ha dicho ningún sí definitivo a la legalidad o no de las prospecciones, ni se ha pronunciado sobre el fondo de los permisos concedidos".
En este sentido, resaltó que dichos permisos "serán demandados, en tiempo y forma, por los servicios jurídicos del Cabildo de Lanzarote, el Cabildo de Fuerteventura y el Gobierno de Canarias, respectiva e indistintamente, mediante la interposición de Recursos contra el Real Decreto 547/2012 de 16 de marzo".
Y, subrayó, que serán en estas demandas que están por presentar donde "se dirimirá la legalidad o no de los permisos concedidos a Repsol, dando el sí o el no definitivo a las autorizaciones".
Por su parte, Repsol ha asegurado en varias ocasiones que su intención es realizar labores exploratorias a unos 60 kilómetros del punto más próximo a las costas canarias, nunca a 10 ya que las condiciones volcánicas del fondo marino lo hacen "incompatible" con la presencia de hidrocarburos.
Asimismo, la empresa también ha iniciado la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para unos permisos que hasta el momento han sido corroborados por dos autos del Tribunal Supremo.