El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha evitado pronunciarse este martes durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso sobre la querella de la Fiscalía contra el presidente de la Generalitat Artur Mas y tampoco ha contestado a las preguntas que le han realizado dos parlamentarios sobre los requerimientos de la Justicia argentina para detener a 20 acusados de crímenes ocurridos durante el franquismo
Se trataba de dos asuntos planteados durante el turno de los parlamentarios, el primero de ellos por el diputado de CiU Jordi Jané, que ha tachado la querella contra Mas y otros miembros del Gobierno de "error" y ha criticado que las declaraciones que realizó el propio Lesmes afirmando que ese día se celebró "algo parecido a una consulta" no ayudan a la "percepción de que hay un poder judicial independiente".
"El presidente del Tribunal Supremo no debe pronunciarse, no sería nada prudente si hiciera alguna valoración al respecto", se ha limitado a señalar el presidente del Poder Judicial durante su turno de réplica.
Ante los requerimientos del diputado de Esquerra Joan Tarda y del portavoz de Justicia del PNV, Emilio Olabarria, por los requerimientos de la Justicia argentina Lesmes se ha limitado a negar que en España existan "jueces franquistas", ya que la gran mayoría de los ejercientes ingresaron en la carrera con posterioridad a la aprobación de la Constitución Española y fueron formados en sus valores.
Durante su turno de réplica el presidente del Consejo general del Poder Judicial ha incidido en los asuntos que ya trató durante su discurso inicial y ha reconocido que existe un e"xceso de lentitud" en la resolución de determinados asuntos y que hace falta más planta judicial, mejor organización y un nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En este punto, ha precisado que desconoce si se propondrá una nueva Ley Procesal Penal porque el Consejo no ha recibido ningún Anteproyecto y sólo conoce por los medios de comunicación el borrador del mismo.
Ha insistido en que la actual Ley es de hace 130 años y que lo que piden los ciudadanos es que las condenas por corrupción se produzcan "con prontitud".
En otro momento, ha eludido pronunciarse sobre la constitucionalidad de las tasas, un asunto sobre el que existen varios recursos pendientes ante el Tribunal Constitucional, y ha puesto a disposición del Congreso toda la información de que dispone el órgano de gobierno de los jueces para valorar si inciden o no en el nivel de litigiosidad.
Finalmente, ha explicado que el Plan de Prevención de Riesgos Laborales, cuya ausencia ha sido denunciada por la asociación de Jueces para la Democracia (JpD) ante los tribunales, se está ultimando y va a estar aprobado en enero de 2015.