"Se acepta la petición de habeas corpus en su favor y se dispone su inmediata liberación", dictaminó la magistrada de la Corte de Justicia de Pichincha María Cristina Narváez.
La jueza determinó que el encarcelamiento de los tres indígenas fue "ilegal y arbitrario", por lo que les puso en libertad condicional a la espera de que se celebre el juicio en su contra.
Narváez explicó que los acusados habían cumplido fielmente la orden de un juez de presentarse en la fiscalía de forma periódica, como condición para su libertad condicional, por lo que fue equivocada la decisión de un magistrado de la provincia de Morona Santiago de ordenar su puesta en prisión.
Las palabras de la juez fueron acogidas con gritos de júbilo y lágrimas por los principales líderes indígenas de Ecuador, que abarrotaban la pequeña sala de audiencias de la Corte de Pichincha.
Tras la sentencia, Acacho, un importante líder de la etnia shuar, dijo haber sido un "preso político" y destacó la importancia de que la Justicia sea independiente y no sujeta a la injerencia del Ejecutivo.
"En las próximas urnas, democráticamente, vamos a sepultar y acabar con esta mal llamada revolución ciudadana", señaló Acacho, en referencia al principal eslogan del presidente de Ecuador, Rafael Correa.
Marlon Santi, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la principal organización indígena del país, dijo a Efe que con la decisión de hoy "la justicia falla por primera vez en favor de los que somos perseguidos injustamente".
Frente a la Corte, una multitud de indígenas de distintas etnias, con las caras pintadas, plumas en el pelo y lanzas de madera, se unieron en un único grito de alegría al ver salir a sus tres compañeros.
Habían accedido a la calle frente al tribunal tras rebasar a empujones unas vallas colocadas por policías antidisturbios, que fueron incapaces de contenerlos con sus escudos.
Por su parte, Correa negó la semana pasada que las detenciones respondan a una persecución política y dijo no temer posibles movilizaciones indígenas.
"Vayan al levantamiento si quieren. Pueden hacer las amenazas que quieran, demostrando ahí sí un irrespeto a la Constitución, pero no dejaremos en la impunidad la muerte de Bosco Wisuma", subrayó Correa, en referencia al indígena que pereció en la manifestación que supuestamente incitaron Acacho, Mashiant y Karinas.
El presidente señaló que existen grabaciones que demuestran que desde la radio Arutam, dirigida por Acacho, se estimuló la violencia.
Julio César Sarango, abogado defensor de los tres indígenas, adelantó que la decisión de hoy "deja la puerta abierta para demandar al Estado ecuatoriano por violación de los derechos humanos", una acción que presentará en los próximos 30 días, según dijo a Efe.
Según el letrado, unos 200 indígenas están acusados de terrorismo en Ecuador por portar sus lanzas tradicionales de madera en manifestaciones.
Una de esas protestas ocurrió el 30 de septiembre de 2009, cuando los enfrentamientos entre la policía y manifestantes que estaban en contra un proyecto de Ley de Aguas acabaron con la muerte de Wisuma, un profesor de etnia shuar que recibió el impacto de un perdigón en la frente.
El Gobierno mantiene que, según peritajes internacionales, el proyectil no provenía de ninguna arma de los agentes.
Por estos sucesos, la Policía detuvo a Acacho, dirigente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar; Mashiant, consejero provincial de Morona Santiago, y Karinas, el supuesto autor material de la muerte del instructor.