El magistrado imputa a las cinco abogadas delitos de pertenencia o colaboración con organización terrorista, blanqueo de capitales y dos delitos de defraudación del IVA. Impone como medida cautelar la prohibición, durante el tiempo que dure la instrucción, de realizar rondas de control a los presos de ETA, organizadas por el colectivo de abogados.
Fuentes jurídicas han informado de que en los registros efectuados tras las detenciones se localizaron siete canutillos de metal en un despacho de Hernani que incluían notas de la organización terrorista con instrucciones a los presos y de los reclusos a la banda. Los canutillos fueron hallados por un agente que detectó su presencia al apoyarse en un mueble.
Con la intención de no violar el ejercicio del derecho de defensa, el juez Velasco permite las entrevistas vis a vis individualizadas que los abogados necesiten realizar con presos concretos para actos procesales o penitenciarios concretos.
En el caso de Nagore San Martin, le impone la prohibición de toda actividad relacionada con Herrira o la entidad que la sustituya así como cualquier actividad de apoyo a presos o su entorno. Imputa a esta arrestada financiación de organización terrorista, pertenencia a banda armada, quebrantamiento de media cautelar, fraude a la seguridad social, delito tributario y blanqueo.