Pérez Díaz está recluido desde hace dos semanas en la prisión del Estado de Veracruz (México) por una orden de detención internacional librada por la Justicia española a la Interpol.
"Pepe el del Popular" huyó de Santander el 5 de marzo de 1991, poco antes de que el Banco Popular realizara una inspección a la sucursal que dirigía (la número 1 de la capital cántabra), donde su gestión produjo un agujero que la propia entidad cifró en 6.000 millones de pesetas de la época (36 millones de euros).
En un auto fechado el pasado 3 de abril, el juez que instruye el caso, Fernando Vegas García, rectifica así la decisión que tomó en febrero del año pasado, cuando Pérez Díaz aún estaba prófugo.
En ese momento, declaró extinguida la responsabilidad imputable a la esposa de "Pepe", Esperanza Murillo, pero estableció que los cargos imputados a éste no prescribían hasta el 8 de abril de 2012; es decir, transcurridos 15 años desde que fue declarado en rebeldía.
Pérez Díaz fue detenido el 23 de marzo en Ciudad de México, cuando acudió a la Embajada de EEUU a solicitar un visado para viajar a Chicago a nombre de Roberto García Gómez, la falsa identidad que había adoptado en ese país tras su huida de España.
En 2004, la Audiencia de Cantabria juzgó a las seis personas señaladas por la Fiscalía y el Banco Popular como cómplices del fraude que Pérez Díaz supuestamente perpetró entre 1986 y 1991 en la sucursal que dirigía, de las cuales sólo una fue condenada, el empresario Eduardo Álvarez (un año de prisión).
Esa sentencia no afecta a "Pepe", que entonces se encontraba en busca y captura, como acusado en rebeldía, pero el tribunal declaró probado "fuera de toda duda" que montó "un banco paralelo" en la agencia número 1 del Popular en Santander a través del cual conseguía depósitos millonarios de numerosos clientes.
Pérez Díaz ofrecía a esos clientes depósitos a un interés superior al que manejaba la entidad bancaria y concedía préstamos encubiertos a otras personas, todo ello en operaciones que generalmente se cerraban en su despacho, pero que no quedaban recogidas en la contabilidad oficial del Banco Popular.
Cuando "Pepe" huyó, el banco se vio obligado a pagar a los clientes afectados por el fraude las cantidades que tenían anotadas en cartillas sin mecanizar, no registradas en la contabilidad del banco y a veces sólo identificadas con iniciales.
En un auto notificado ayer a las partes personadas en el caso, el Juzgado de Instrucción número 3 de Santander establece que el plazo de prescripción de los delitos que se imputan a "Pepe" es de diez años, cuando en el auto anterior sostenía que era de 15.
La diferencia estriba en el delito de apropiación indebida. En su decisión anterior, el juez manejaba un plazo de prescripción de 15 años porque entendía que procedía aplicar a "Pepe" la modalidad agravada de este delito, por haber múltiples perjudicados.
Sin embargo, a sugerencia del propio Ministerio Fiscal, el juez instructor ha aceptado ahora que no cabe hablar de múltiples perjudicados, sino sólo de uno: el propio Banco Popular.
"Como alega el Ministerio Fiscal en su informe, pese a que el imputado se apropió de los fondos de más de un centenar de clientes en la sucursal de la que aquel era director, no cabe apreciar la circunstancia de múltiples perjudicados, puesto que sólo ha resultado efectivamente afectado el Banco Popular SA y así lo estableció el Tribunal Supremo en la sentencia dictada en fecha de 26-6-2006 en la presente causa", argumenta el magistrado.
En consecuencia, el juez considera que ya no procede pedir al Gobierno que solicite a México la extradición de Pérez Díaz y ordena que sea puesto en libertad con carácter "inmediato".
Las partes personadas en el caso puede aún apelar esta decisión ante la Audiencia de Cantabria, para lo que disponen de un plazo de diez días.