La cúpula de Vitaldent fue detenida en febrero de 2016 y una juez de Majadahonda decretó la prisión incondicional para todos, si bien en julio de ese año la Audiencia Nacional se estimó competente para instruir el caso, que recayó en el Juzgado Central de Instrucción número 6, el de Eloy Velasco.
La titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Majadahonda (Madrid), María Isabel Serrano, que empezó a investigar el caso se inhibió a favor de la Audiencia Nacional debido a la complejidad del mismo, dado que, en su opinión, la cúpula de la franquicia dental diseñó y participó en un complejo sistema defraudatorio hacia franquiciados, clientes y pacientes, así como a la propia Hacienda estatal, valiéndose de su cargo como principales responsables de la empresa.
ENVÍO DEL DINERO AL EXTRANJERO
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estimó el pasado año que se centralizara la instrucción en los Juzgados de la Audiencia Nacional porque entiende también que los presuntos hechos delictivos de los que se les acusa a la cúpula de Vitaldent no se realizaron solo en el año 2013 sino desde 2009 y en concreto en más de 170 clínicas repartidas por toda España más múltiples clínicas dirigidas por testaferros.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional desplegó la operación ante la sospecha de que el propietario de la cadena especializada en salud dental estaba exigiendo a sus franquiciados que le pagasen el 10 por ciento de lo acordado en metálico. Al parecer, la cantidad sustraída se desviaba a cuentas en el extranjero de forma "episódica" para después volver a traerse al circuito económico legal español.