La abogada y feminista Lidia Falcón denuncia mañana en el Consulado Argentino haber sido "torturada" por 'Billy el Niño'

La acción de la escritora se sumará a la querella por delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad que instruye la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires, María Servini.

Según ha informado la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), la denuncia de Falcón desgrana que fue detenida en siete ocasiones desde 1960 hasta 1975 por delitos de asociación ilícita y propaganda ilegal y que fue también procesada en diversas ocasiones por publicar artículos de opinión.

En relación con los investigados por Servini, asegura que el 16 de septiembre de 1974 "la Policía Político Social de Barcelona la detuvo bajo la acusación de haber participado en el atentado realizado con una carga explosiva en la Cafetería Rolando de la calle del Correo de Madrid, una acusación carente de todo fundamento".

'BILLY EL NIÑO'

Después, según explica CEAQUA, Falcón fue trasladada desde Barcelona a las dependencias policiales de Madrid, donde fue objeto de malos tratos por el inspector Juan Antonio González Pacheco, alias 'Billy el Niño'. "El objetivo fue que confesara quienes eran sus cómplices, a pesar de que era evidente, y la Policía ya lo sabía, que no tenía nada que ver con el atentado", añade.

Fue operada cinco veces como consecuencia de las lesiones derivadas de estas "torturas" y finalmente, sin celebrarse juicio por este proceso, obtuvo la libertad provisional bajo una fianza de 30.000 pesetas.

En el marco de esta causa, Servini ha solicitado 19 detenciones, entre ellas la del exministro de Relaciones Sindicales en 1975 y de Gobernación entre 1976 y 1979 Rodolfo Martín Villa, y el ex ministro José Utrera Molina.

EX MINISTROS Y MILITARES IMPUTADOS

La magistrada imputó el pasado noviembre a Martín Villa (ministro de Gobernación entre 1976 y 1979), a Utrera Molina, que es suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, a otros políticos de la dictadura, ex miembros de las Fuerzas Armadas, ex jueces y hasta un antiguo ginecólogo.

Entre los políticos, se encuentran los ex ministros Antonio Carro Martínez (ministro desde 1974 a 1975), Licinio de la Fuente (vicepresidente del Gobierno entre 1974 y 1975), José María Sánchez Ventura (ministro en el último gobierno franquista), Alfonso Osorio García (ministro de presidencia entre 1975 y 1976) y Antonio Barrera de Irimo, quien falleció el pasado septiembre.

En concreto, acusa a Utrera Molina, Licino de la Fuente, Carro y Barrera de haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich en 1974. La hermana del último condenado en el garrote vil en España es una de las querellantes de la causa.

A Rodolfo Martín Villa le considera responsable de la represión de una concentración de trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976, en la que fueron asesinados cinco trabajadores y hubo más de cien heridos muchos de ellos por armas de fuego.

Al ex ministro de Presidencia Antonio Carro le acusa de convalidar la sentencia de muerte de Puig Antich y de los últimos fusilamientos del régimen franquista el 27 de septiembre de 1.975 en Madrid, Barcelona y Burgos, en las que fueron ejecutados José Humberto Baena Alonso, José Luís Sánchez Bravo Sollas, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot, y Ángel Otaegui Echeverría.

Contra Sánchez Ventura se dirige por haber firmado las sentencias de muerte de los últimos fusilamientos del régimen franquista, al igual que contra Fernándo Suárez, mientras que Osorio está acusado por su responsabilidad por la muerte de los trabajadores de Vitoria.

Además de estos cargos políticos, la querella se dirigía contra antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, auditores del Cuerpo Jurídico del Ejército o un médico ginecólogo acusado de sustracción de menores.

A petición de la Fiscalía, imputó a Antonio Troncoso (coronel auditor del Cuerpo Jurídico Militar), Carlos Rey (antiguo capitán auditor del cuerpo jurídico del Ejército) y a antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, Jesús Quintana, Jesús González, Ricardo Algar, Félix Criado, Pascual Honrado, Jesús Martínez, Benjamín Solsona y Atilano del Valle.

Además, imputó a Abelardo García, denunciado por el caso de Flor Díaz Carrasco quien busca a su hermano desaparecido en el Hospital Municipal de La Línea de la Concepción el 6 de noviembre de 1967 donde trabajaba como médico ginecólogo.

La Audiencia Nacional rechazó extraditar al expolicía Antonio González Pacheco 'Billy el niño' y al excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas por estar prescritos sus delitos.

El caso tiene su origen en la denuncia interpuesta en abril de 2010 por múltiples víctimas y sus familiares agrupados en la Coordinadora CEAQUA al entender que los crímenes ocurridos desde el 17 de julio de 1936 hasta el 15 de junio de 1977 constituían un plan sistemático y planificado de "aterrorizar a españoles" por su ideología y de sustracción de menores.