Una mujer ibicenca ha recurrido ante la justicia española la decisión del cónsul de España en Moscú, Miguel Bauzá, de no inscribir en el Registro Civil ni proporcionar un salvoconducto al bebé de ocho meses que esta mujer tiene por un proceso de gestación subrogada (vientre de alquiler).
María Teresa Gregorio Roig, empresaria de carpintería de 47 años, lleva ocho meses en Moscú intentando regresar a España con el que alega que es su bebé, la niña Karla María Gregorio Roig, de la que tiene un certificado de nacimiento emitido por la Federación rusa.
"Mi hija es española, de hecho su única relación familiar es conmigo porque soy madre soltera y el certificado de nacimiento ruso especifica claramente que mi hija es española", sostiene y explica que su hija se ha gestado en el vientre de otra mujer con óvulos y esperma de "donantes anónimos". Es decir, la pequeña no tiene ningún material genético de María Teresa.
El proceso de gestación subrogada está legalizado en Rusia, explica en conversación telefónica con Europa Press. Ella ha hecho todo el proceso a través de una empresa española y tiene una sentencia de un juez ruso que la reconoce como la madre legal de la menor y confirma que "se ha aplicado correctamente la ley rusa respetando los derechos de todas las partes involucradas en el procedimiento de gestación subrogada", opinan sus abogados.
Pero cuando en julio María Teresa se presentó con su abogado en el Consulado de España en Moscú para registrar a su bebé y pedir un salvoconducto para que pudiera viajar con ella a España, el cónsul se negó.
"Me dijo que lo que había hecho estaba prohibido, que estaba robando niños, y que, llegado el momento, yo me tendría que ir a España y la niña se quedaría en un orfanato", relata María Teresa, que recurrió en el Consulado mismo la negativa del cónsul, pero su protesta no prosperó.
Los cónsules actúan en el exterior como jueces de facto a la hora de realizar inscripciones en el Registro Civil y lo hacen siguiendo las instrucciones de la Dirección General de Registros y Notariado del Ministerio de Justicia.
DIFERENCIAS ENTRE CONSULADOS
"En otros países como EEUU o Grecia --afirman los abogados-- sólo presentando una resolución judicial parecida a la que ha obtenido María Teresa los Consulados proceden a la inscripción de los menores en los Registros Civiles aunque los padres no hayan aportado material genético propio. Al ser madre soltera, el desamparo es todavía más dramático".
Los abogados de María Teresa han presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que deberá dirimir este caso. El Consulado no acepta siquiera expedir el salvoconducto para el bebé porque alega "dudas sobre el hecho de que la solicitante sea realmente la madre de la menor y pueda representarla", indican en un comunicado los asesores legales de María Teresa.
En su opinión, con esta actitud el Consulado vulnera el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño de la ONU, el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, los artículos 7 y 8 del Real Decreto 116/2013 sobre expedición de pasaporte provisional y salvoconducto, el artículo 14 del Convenio entre el Reino de España y la URSS sobre asistencia judicial en materia civil, de 20 de octubre de 1990, y el artículo 2 del Convenio de 5 de octubre de 1961.
Una portavoz del Ministerio español de Asuntos Exteriores y de Cooperación se ha limitado a señalar que el caso está en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. "Resolverá el tribunal. Nada que opinar", ha indicado.
Desde Moscú, María Teresa afirma que está viviendo una situación dramática, porque se le están agotando los ahorros de los que estaba tirando para mantenerse en Moscú. Paga en la actualidad un apartamento con una renta de 1.000 euros al mes y debe sostener asimismo a sus padres, que viven en España y dependen económicamente de ella. "Y tengo que atender mi empresa también. Dentro de poco tendré que pedir limosna delante del Consulado", añade.
María Teresa decidió en 2014 ser madre a través de un proceso de gestación subrogada después de que no prosperaran los intentos que emprendió en 2006 para adoptar en países como Nepal y China, por los cambios legislativos que adoptaron estos países en relación con las familias monoparentales.