El auto judicial también imputa por los mismos delitos a los empresarios Germán y Carmen Leiva y los ex directivos de la Zona Franca José David Sánchez y Rafael Ortiz.
Todos ellos están relacionados con el caso Rilco, un portal informático desarrollado por la Zona Franca gaditana en la última etapa de Rodríguez de Castro al frente de esta institución, según la información facilitada por la Agencia Efe.
El acuerdo
En el auto se imputa a Miguel Osuna un delito de no perseguir las supuestas irregularidades cometidas por su antecesor Manuel Rodríguez de Castro durante su gestión.
En dicho auto el juez hace un recorrido sobre "la estrategia preparada por Rodríguez de Castro para incrementar su patrimonio ante su inminente salida, en el año 2000, de la dirección de la Zona Franca".
Menciona también como "concertó un acuerdo muy especial con el matrimonio Leiva y la renuncia respecto a sus acciones de varios directivos del Consorcio" y, por último, como su sucesor, Miguel Osuna, al que deja a un lado en la supuesta malversación, "sí pudo cometer un delito de omisión".
¿Sin fundamentos?
Por su parte, el Ayuntamiento de Cádiz ha emitido un comunicado en el que defiende la gestión de Osuna al frente de la Zona Franca.
Según la nota, el equipo de gobierno "defiende la inocencia de Osuna" y asegura "que es una persona honrada, honesta y que no tiene ninguna responsabilidad en las cuestiones suscitadas por la gestión en la Zona Franca".
Añade que "ha demostrado a lo largo de toda su carrera que es un magnífico y solvente gestor público y que tanto antes como ahora goza de toda la confianza del equipo de gobierno municipal, de la alcaldesa, Teófila Martínez, y del Partido Popular".
Las imputaciones no son condenas
"Las acusaciones que se desprenden de este auto no tienen ningún fundamento y quedará perfectamente demostrado que no tiene responsabilidad alguna cuando se celebre el juicio", explica el comunicado.
Además, el Ayuntamiento recuerda que las imputaciones no significan condenas, ya que "el contenido de este auto es lo que el juez de instrucción estima", por tanto "existe presunción de inocencia hasta que no haya una sentencia firme, por lo que pedimos prudencia y respeto a la Justicia".
Consideran que Manuel Rodríguez de Castro actuó "de forma individual y autónoma sin que los órganos de gobierno del Consorcio tuvieran conocimiento de ellos".