Los magistrados de la mayoría, Fernando García Nicolás y Julio de Diego, sostienen, en contra del criterio del fiscal Carlos Bautista, que, según la jurisprudencia del Supremo, "no es necesario comulgar con las finalidades de la organización" para sostener la existencia de este tipo delictivo, ni excluir a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía de su comisión por "su perfil profesional".
Bautista solicitó la retirada del delito de colaboración con organización terrorista en una vista celebrada el pasado 24 de marzo en la que se analizó el recurso de apelación que la defensa del ex director general de la Policía interpuso contra el auto en el que el juez Pablo Ruz acordaba reactivar la investigación.
El representante del Ministerio Público realizó esta petición argumentando que no se puede demostrar que los acusados "compartieran las finalidades y los objetivos de la organización terrorista", según informaron fuentes jurídicas.
De esta manera, la investigación del "chivatazo" a ETA continuará instruyéndose en la Audiencia Nacional, ya que si se hubiera considerado que sólo hubo revelación de secretos, este tribunal no sería competente y debería pasar a un juzgado de Irún al ser el lugar donde ocurrieron los hechos.
En la decisión de la Audiencia existe un voto discrepante, uno de los más polémicos de los últimos tiempos. Uno de los jueces "justifica" el chivatazo como una acción encaminada a acabar con el terrorismo. Y arremete contra sus compañeros por permitir la politización del caso.
Además de García Hidalgo, en la causa también están imputados el jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamiés y el inspector de la Brigada de Información de Álava José María Ballesteros. EPF